*Necesario dar más facultades a la ASF
La responsabilidad de los diferentes órdenes de gobierno en nuestro país, es procurar por supuesto el bienestar y el desarrollo de los ciudadanos mexicanos, haciendo uso de los recursos con los que cuentan de manera honesta, transparente por supuesto y buscando que el uso de estos recursos cumpla con la función que tienen encomendada.
En este Senado hemos trabajado para reformar y crear nuevas leyes que permitan garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima.
A inicios de la pasada legislatura modificamos la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; hemos trabajado por supuesto para consolidar el esquema de transparencia y rendición de cuentas de los diferentes órdenes de gobierno; hemos también legislado para garantizar que la deuda de estados y municipios se garantice para bien de los mexicanos.
La iniciativa que presento ahora tiene como propósito armonizar la legislación a partir precisamente de la reforma constitucional que hicimos del artículo 79. En esta reforma se le da facultad a la Auditoría Superior de la Federación para revisar y fiscalizar de manera directa las garantías que otorga el Gobierno federal sobre los empréstitos de estados y municipios, así como de las participaciones federales que les son asignados.
De manera, pues, que podamos tener la certeza que cuando es un recurso público el que se está ejerciendo, tengamos la certidumbre no solamente por la revisión de la Contraloría Interna, de las instancias de auditoría de los estados, sino también de la Auditoría Superior de la Federación, que sean las que revisen que se están ejerciendo estos recursos con transparencia y conforme a los objetivos planteados.
Conforme a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sabemos que midiendo la percepción de los ciudadanos; es decir el nivel de satisfacción de la prestación de los servicios que tienen los ciudadanos, encontramos que a nivel municipal el 49 por ciento de la población se siente satisfecha con la adecuación de avenidas, de calles, de la prestación del servicio de alumbrado público. Estos son servicios básicos que le corresponden al nivel municipal.
En cuanto a la prestación del servicio más importante que debe prestar el Estado mexicano, la educación pública; además otro muy importante, el de salud, se tienen satisfactores del 62 y el 54 por ciento. Es decir, son porcentajes que están siendo todavía bajos, algo está sucediendo que la población no está sintiendo satisfecho su requerimiento o su necesidad en la prestación de estos servicios.
Cabe preguntar, entonces, ¿si realmente se están destinando los recursos de manera óptima en la prestación de dichos servicios?
Además, sabemos que la deuda pública de estados y municipios al tercer trimestre del 2015, asciende a la cantidad de 510 mil millones de pesos.
Este es un monto muy importante, si respecto de esta deuda pública hay garantía que ha otorgado la federación, entonces la Auditoría Superior tendrá facultad de entrar y revisar qué es lo que está pasando con esta deuda, de manera que busquemos que no haya parcialidad, que siempre haya objetividad en la fiscalización de los recursos que son de los mexicanos.
Escuchamos día con día cómo hay señalamientos, hay quejas, hay algunas denuncias –pocas, pero hay algunas denuncias- de malversación de recursos, de desvío del presupuesto a nivel municipal, a nivel estatal; hay señalamiento, inclusive que han llegado a sanciones específicas y a imposición de castigos severos, sin embargo los señalamientos no siempre terminan en un castigo por falta de evidencia o por falta de un seguimiento conforme a la normatividad.
Darle la posibilidad a la Auditoría Superior de la Federación que tenga facultad para entrar y revisar desde el nivel federal, con imparcialidad y objetividad, nos ayudará a garantizar que no hay desvío de recursos, que siempre son utilizados para el fin que fueron destinados a los estados y municipios, y que por lo tanto se está buscando el desarrollo pleno de la ciudadanía mexicana.
Estaremos cumpliendo también con un precepto constitucional, que es el de garantizar a los ciudadanos que siempre tengan información plena y verídica, respecto del gasto público en todos los órdenes de gobierno.
Por eso es que se plantea a través de esta iniciativa, que suscribimos varios compañeros senadores, armonizar esta reforma constitucional en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, modificando el artículo 1, el artículo 8, el 12 también y el 15, reitero, para precisar que tiene la Auditoría Superior de la Federación la facultad de revisar los recursos provenientes de participaciones federales y cuando hay una garantía otorgada por la federación para los endeudamientos o los empréstitos de estados y de municipios.