*Necesario reformar el 102 de la Constitución
Es fundamental respetar y reconocer nuestra Carta Magna y sobre todo la potestad que garantiza en su artículo primero que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia tienen la obligación de responder por los derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, para esto no debe existir distinción de ningún orden de gobierno.
De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Basta observar la realidad social en la que vivimos, para reconocer, que México se encuentra en un escenario donde los funcionarios públicos no pueden dejar de lado ser defensores y procuradores de los derechos humanos.
Es así que citando al licenciado Cuauhtémoc Daniel, “toda la sociedad que no asegura la garantía de los derechos humanos y determina la separación de los poderes, no tiene Constitución”.
Y esto, compañeros legisladores, me parece de gran trascendencia, pues si podemos garantizar sólo en algunos órdenes de derechos mientras que en otros no tenemos la certeza de que se cumpla con la Constitución, algo estamos haciendo mal.
Por lo que antecede, manifiesto ante esta honorable Asamblea a consideración la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102, Apartado B, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, al tenor lo siguiente:
El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, quien emitirá recomendaciones generales sin pronunciarse sobre casos específicos que violen estos derechos.
De esta manera, con esta reforma podremos responder ante las necesidades que la sociedad reclama por las violaciones de los derechos humanos en el Poder Judicial, que hasta ahora no se hace.