Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador del estado de Guerrero, afirmó ante diputados de la Comisión de Derechos Humanos que los sucesos de Ayotzinapa desataron la peor crisis que ha vivido la entidad desde 1960, y se pronunció por que las manifestaciones de descontento no desemboquen en una tragedia como la de Tlatelolco en 1968, “con una salida autoritaria, represiva y mayor drama”.
Al reunirse con el órgano legislativo para dar cuenta del estado de los derechos humanos en la entidad, sostuvo que es necesario ir de la mano con todos los liderazgos, “hasta los más radicales- con quienes hemos estado en diálogo-, hacia un acuerdo institucional que permita garantizar que las elecciones del 7 de junio se den en paz y los guerrerenses puedan emitir sufragio por el partido político de su preferencia”.
Explicó que la delincuencia organizada en Guerrero penetró el tejido social, las instituciones, la policía y en la política -“primero financiando campañas, luego postulándose a sí mismos”-, siendo el “drama de Iguala” un caso emblemático que, según estudiosos, “también pudo haber ocurrido hasta en 22 municipios del estado”.
Refirió que para evitar que la “rabia simbólica” derivada del hecho afectara las actividades económicas y la estabilidad de Guerrero, hubo un acercamiento con los líderes y familiares de las víctimas de Ayotzinapa y con dirigentes de la Ceteg, de movimientos sociales y de las guardias comunitarias, para acordar que no se involucraran en las movilizaciones y evitar “una situación más compleja o una matanza”, gracias a lo cual, además, se salvó la temporada decembrina en Acapulco.
“El conflicto se va atenuando, pero las brasas ahí están. Basta un leve viento para volverlas a incendiar. En estos días, cuando se decidía a quién nombrar como gobernador de Guerrero, el fuego volvió a levantarse con acciones violentas en el Congreso por la sospecha de que quienes se fueron, podrían regresar”, subrayó.
Los integrantes de la comisión saludaron la ratificación de Ortega Martínez al frente del Ejecutivo de la entidad; empero, coincidieron en que tiene un gran reto por delante al observarse en Guerrero “un ambiente de ingobernabilidad”, y siendo la garantía a los derechos humanos factor primordial para estabilizarlo.
Lamentaron que casos como la desaparición de los normalistas de Iguala, el enfrentamiento del pasado 24 de febrero entre la Ceteg y la policía federal, y el de Nestora Salgado, hayan puesto a Guerrero como ejemplo de desapariciones forzadas, de falta de reacción del Estado y de politización en el país.