Los senadores panistas Silvia Garza Galván y Daniel Ávila Ruiz anunciaron a la opinión pública que se ganó el amparo promovido en contra del proyecto Dragon Mart-Cancún, luego de que las autoridades ambientales en el estado de Quintana Roo omitieran atender las denuncias ciudadanas y de diversas organizaciones ambientalistas en contra de la obra por afectar el medio ambiente de la zona.
En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Senado de la República, Silvia Garza Galván sostuvo que Dragon Mart “es una amenaza para nuestros manglares, para nuestros arrecifes pero sobre todo para el desarrollo sustentable de la zona, ya que afecta los recursos hídricos”.
La legisladora por Coahuila añadió que hasta que la autoridad competente en la materia nos informe sí el proyecto es viable o no, necesitamos que la Semarnat y la Profepa resuelvan con criterios técnicos esta situación.
El senador Daniel Ávila Ruíz manifestó que de acuerdo con el resolutivo judicial promovido en conjunto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., (CEMDA) ante el Séptimo Juzgado Federal con el número de amparo indirecto 72/2013-1, se ordenó a las autoridades competentes iniciar un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia para verificar sí el proyecto conocido como “Construcciones y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas” ha cumplido con las obligaciones en materia ambiental, poniendo especial atención a la relativa a la presentación de manifestación de impacto ambiental a nivel federal.
Agregó que la autoridad judicial resolvió también que de manera inmediata se diera seguimiento a las denuncias populares acumuladas con los elementos que haya logrado recabar hasta este día.
El legislador por Yucatán explicó que desde el pasado 1º de octubre de 2013, presentó una denuncia popular ante la PROFEPA, donde solicitó “la autorización en materia de impacto ambiental federal de la empresa Dragon Mart, por tratarse de un desarrollo inmobiliario que afecta un ecosistema costero; por contemplar la construcción y operación de obras hidráulicas, de una desalinizadora, pero sobre todo porque afecta una área natural protegida federal del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos”.
En ese sentido, abundó que el pasado 20 de diciembre de 2013, junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), promovieron un amparo ante el juzgado de distrito en turno en el estado de Quintana Roo, denunciando la omisión de la PROFEPA, y de su delegación en esta entidad, de cumplir con su obligación al no resolver el expediente de denuncias populares en contra de Dragon Mart-Cancún, ni presentar la evaluación en materia de impacto ambiental a nivel federal y no solamente local, como se desprende de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
La senadora Silvia Garza recordó que en días pasados la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara Alta también dictaminó a favor un punto de acuerdo, donde se ordena al titular de la Semarnat presentar la Manifestación Impacto Ambiental (MIA), y que la PROFEPA realice de forma inmediata una inspección a dicho predio.
Asimismo, la Comisión pidió a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo un informe de los efectos de este proyecto en la economía nacional y local.