Es urgente erradicar los vacíos jurídicos que dificultan la actuación de la autoridad en materia de violación al uso de suelo, por lo que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia dictaminará la iniciativa de Reforma al Código Penal que tipifique como delito la siembra de documentos en archivos de la Administración Pública.
En un documento emitido por dicha Comisión de la ALDF, explica que luego conocer que la Procuraduría General de Justicia local, detuviera y luego liberara bajo fianza a un empleado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que pretendió "sembrar" un documento apócrifo para autorizar una construcción en Lomas de Chapultepec, se hace necesario sancionar con mayor severidad estas conductas.
La liberación de este mal funcionario público, detalla el documento, se debió a que el Código Penal del DF sólo contempla sanciones a quien falsifique, altere o hagan uso indebido de documentos oficiales, por lo que el detenido sólo fue acusado de ejercicio indebido del servicio público, que por ser un delito no grave, con pagó de fianza queda libre.
El texto de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia precisa que el uso de documentos falsos para tramitar permisos de construcción, es un acto de corrupción que no sólo vulnera las normas y esquemas de control que opera las autoridades, sino afecta el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, las zonificaciones y el usos de suelo autorizados en detrimento de los vecinos.
La Comisión se propone castigar con cárcel a quien realice o permita la “siembra” de documentos en archivos a cargo de dependencias capitalinas. Los castigos van de cuatro a ocho años de prisión y de 6 mil 233 a 62 mil 330 pesos de multa (cien a mil días) a quien realice o permita realizar acciones u omisiones al introducción documentos falsos o alterados en archivos de la Administración Pública local.
A la vez propone que las penas aumenten una mitad, cuando el delito lo cometa un empleado público, en cuyo caso se impondrá además la destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos de 6 meses a 3 años.