La subcontratación u outsorcing, es el servicio de personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja. El concepto se arraigó en la década de los 70’s, cuando grandes compañías lo aplicaron con éxito; sin embargo, esta forma de contratación ha crecido en 95.2% en México entre 2004 y 2009, generando cada vez que más empresas privadas, y ahora dependencias gubernamentales recurran a ello.
Esta práctica es ilegal, toda vez que vulnera los derechos laborales del personal contratado, pues los obliga a trabajar jornadas extremas sin recibir compensación extra, carecer de seguridad social y no generar derechos por antigüedad.
Desde la Tribuna de la Diputación Permanente de la ALDF, Juan Pablo Pérez Mejía, del GPPT, retomó el tema que desde noviembre de 2010 promovió su fracción, para que todas las dependencias del GDF, las 16 Delegaciones Políticas informen si han celebrado contratos con estas compañías de tercerización.
Insistió que los contratistas que usan este servicio, al no tener en su nómina este personal eluden pagos por concepto de prestaciones salariales, lo que viola el Artículo 123 Constitucional.
Durante el último año, reiteró el diputado petista, se han incrementado los juicios contra empresas outsorcing, pero se estancaron, ya que frecuentemente se mudan de domicilio fiscal para no recibir del SAT notificaciones, por evasión fiscal.
Pérez Mejía reiteró que la ALDF debe tomar acciones para proteger a los trabajadores de la Ciudad de México, pues al integrarlos a la tercerización pierden todos sus derechos laborales: acceso a la salud, pensión de cesantía y vejez, guarderías para los niños, créditos de vivienda, entre muchos más.
El Asambleísta insistió que es necesario que los órganos y dependencias del GDF cumplan con el exhorto emitido por la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social, del 18 de noviembre de 2010, para que entreguen la información requerida, para que los Diputados de la V Legislatura brinden certeza jurídica a los trabajadores y se aplique la Fracción VII del Artículo 123 Constitucional que señala “a trabajo igual debe corresponder salario igual”
Por todo lo anterior Juan Pablo Pérez Mejía, Diputado del Partido del Trabajo en esta representación popular, presentó el Punto de Acuerdo que señala “la ALDF exhorta y reitera a todas las dependencias del GDF, a la Secretaría de Gobierno, a las 16 Delegaciones Políticas y entidades restantes a informar si tienen contratos con empresas de tercerización”.