La senadora Adriana Dávila Fernández afirmó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal es la responsable de lo que sucede con la joven de 22 años víctima de trata de personas por trabajos forzados, en una planchaduría en Tlalpan, por permitir su sobreexposición e incluso su explotación mediática para fines no precisamente nobles.
Aseguró que la actuación de la PGJDF en nada ayuda a la recuperación de la joven y lamentablemente tampoco contribuye a la prevención, detección, sanción y castigo a quienes cometen estos delitos.
“Nos preocupa, además de la correcta atención y protección a la víctima, que el debido proceso se encuentre en riesgo por la cuestionable actuación de la Procuraduría, debido a la cantidad de datos que están circulando en distintos espacios públicos que pueden generar impunidad”, subrayó.
En su calidad de presidenta de la titular de la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado, pidió a las comisiones de Derechos Humanos del DF, Ejecutiva de Atención a Víctimas y Nacional de los Derechos Humanos, dar seguimiento puntual a este caso y velen por la protección de los derechos de la joven.
La legisladora por Tlaxcala estuvo de acuerdo en que este tipo de casos no deben ser ocultados, “por supuesto que deben conocerse como parte de las políticas de difusión para la prevención y conocimiento del delito”.
Sin embargo, aclaró, no puede ser a costa de violar los derechos fundamentales de quien es prioridad proteger, en este caso las víctimas.
Dávila Fernández abundó que la joven ha estado sobreexpuesta en diversas apariciones públicas para contar su terrible historia, que sin duda evidencian el deterioro del tejido social y la falta de atención de las autoridades para la detección oportuna de casos similares, que seguramente son cientos en el país.