Por Guillermo Pimentel Balderas
Lamentable, muy lamentable que los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sean quienes fomenten el vandalismo en el Distrito Federal, afirmó Guillermo Gazal, presidente de Procentrhico, A.C.
Además, consideró que resulta absurdo que por un lado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hable de legalidad, y por el otro se permita que en las calles cualquiera pueda causar destrozos o incluso robar, perturbando la paz pública, sin ninguna sanción ejemplar.
En entrevista, Gazal subrayó que el comercio establecido de la Ciudad de México reprueba rotundamente que los vándalos que causaron destrozos el pasado 10 de junio, se encuentren en libertad, como resultado del pago de fianza que realizaron diputados del PRD, ya que el delito de perturbación a la paz pública no se considera grave, de acuerdo a la reforma aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en diciembre del año pasado, por mayoría de perredistas.
Remarcó que el comercio establecido exige una solución inmediata, que no se permitan más actos de vandalismo como los que se han presentado en la ciudad. No queremos discursos ni promesas, ¡queremos resultados!
El dirigente de Procentrhico, señaló que es sumamente preocupante que las leyes de nuestra ciudad se cambien a gusto y utilidad del PRD, que con tal de proteger a bandidos, no les interesa dejar a toda la ciudad en riesgo.
“Son siete delincuentes los que en esta ocasión salieron libres, en lugar de estar pagando por los destrozos realizados. Pero más delicado es que sean diputados del PRD los que paguen, por segunda ocasión, este tipo de fianzas, como ya ocurrió con anterioridad con los vándalos del primero de diciembre”, indicó.
Aseguró que ésta situación se convierte en un peligro para todos, porque los actos de vandalismo se están presentando cada vez de modo más frecuente. “Ya en diciembre pasado vimos como destrozaban comercios, mobiliario urbano y saqueaban comercios, y ahora en junio, volvieron a hacerlo. Permitirles estar libres es igual a darles licencia para que repitan estos actos, que generan costos económicos muy altos, además de desmotivar la inversión”, puntualizó.
Guillermo Gazal insistió en la necesidad de reformar, de modo urgente, el artículo 362 del Código Penal del DF, para que se incremente la penalidad por perturbar la paz pública, porque si no se modifica, el DF estará en un estado de indefensión ante los vándalos que ya están haciendo suyas las calles de la ciudad.
“El viernes pasado, lamentablemente, diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, rechazaron en reunión de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la propuesta de reformar el Código Penal para incrementar penas a quienes cometan actos vandálicos, utilicen fuego o bombas molotov, o bajo el anonimato de una capucha agredan a policías en manifestaciones; pero, la actuación de los legisladores es reprobable, porque no están trabajando por el bienestar de la población ni por el reclamo de la sociedad de que la Ciudad de México recupere la tranquilidad que está perdiendo”.
Comentó que esta situación es muy grave, sobre todo si se considera que la libre manifestación se está perjudicando, por lo que indicó que no se puede permitir que las manifestaciones se conviertan en campos de batalla, porque al día de hoy, ya el sólo hecho de que se anuncie la realización de una marcha para el comercio formal representa una situación de riesgo.
“El Gobierno de la Ciudad de México debe de atender esta problemática de modo prioritario, porque nada sería más peligroso que los cientos de manifestaciones que se realizan en el DF se conviertan en conflictos sociales desbordados”, acotó.
El Presidente de Procentrhico acusó que tanto para el Gobierno de la Ciudad como para los diputados, su actuación refleja la poca importancia que le brindan a los costos económicos que han significado los actos de vandalismo en los últimos meses. Además, también se está pagando un alto costo de imagen, que perjudica la actividad económica de la capital, con pérdidas cada vez más altas, dijo.
Luego, advirtió que en caso de que ni el Jefe de Gobierno ni los diputados de la Asamblea Legislativa corrijan el error que tuvieron al modificar el artículo 362 del Código Penal, la iniciativa privada va a tener que asumir nuevamente el costo de las malas decisiones políticas, incrementando la seguridad de nuestros comercios en los días que se anuncie la realización de marchas o manifestaciones, destacó.