Diputados locales denunciaron que prevalece especulación comercial y lucro desmedido en lo que corresponde al desarrollo urbano en la capital del país, lo que ha dado como resultado una mala calidad de vida para los capitalinos, construyendo en zonas de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de la población ante desastres naturales, y a su vez se cometen delitos de impacto ambiental, quedando fuera la garantía de movilidad, calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad.
María de los Ángeles Moreno Uriegas y Gabriel Gómez del Campo pidieron a las autoridades del Distrito Federal enviar un informe al órgano legislativo del estado físico, jurídico y administrativo que guardan algunos inmuebles que han violado la Norma 26, haciendo énfasis, dijeron, en rubros como uso de suelo, impacto ecológico y abasto hídrico.
Al brindar su respaldo a los vecinos de San Bartolo Ameyalco, quienes han sido víctimas de represión por parte de autoridades delegacionales, Moreno Uriegas exigió al Gobierno del Distrito Federal frenar el colapso urbano en que se encuentra la ciudad, originado por la construcción exacerbada de desarrolladores inmobiliarios que operan bajo el amparo de la suspendida Norma 26.
El asambleísta Gómez del Campo la apoyó y anunciaron la integración de pruebas de presuntos actos de corrupción del ex delegado perredista Leonel Luna Estrada, para presentar una denuncia penal en su contra ante el Ministerio Público local.
“En el caso de San Bartolo Ameyalco, el abusivo delegado que hace poco pidió licencia no quiso respetar el manejo de los recursos naturales de ese pueblo y donde ha afectado ni más ni menos que el agua que abastecía a esa zona, y que ahora quieren distribuir a través de una revolvedora para diferentes lugares.
“Esto es un atropello, francamente digno hasta de cárcel para un delegado que no escucha a la sociedad, a los vecinos y que impone arbitrariamente su voluntad”, afirmó la priista, tras advertir que “no pararemos de protestar por estas acciones y exigir que se aplique la ley; no nos importa de quién sea el negocio lucrativo del agua en esa zona”.
Moreno Uriegas y Gómez del Campo Gurza lamentaron que el Distrito Federal viva una catástrofe en materia de desarrollo urbano, donde los constructores han aprovechado los vacíos legales de la Norma 26 para violentar la ley.
Al respecto, el diputado panista destacó que los hechos registrados en San Bartolo Ameyalco solo son “la cereza de la corrupción” en la administración de Luna Estrada, que en colusión con autoridades del gobierno central otorgaron otro tipo de permisos ilegales y certificados de zonificación apócrifos.
“Ahorita estamos viendo muchos casos de suspensión temporal de algunas obras, obviamente por fines electorales; creen que nos chupamos el dedo, que no entendemos en qué situación estamos y el objetivo de las autoridades es hacer negocio y seguir lucrando para efectos electorales”, aseveró.
Dejó claro que en Álvaro Obregón, los vecinos han sido rehenes del “peloteo” entre autoridades como la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Desarrollo Urbano, la delegación y el INVEA-DF. “No hay absolutamente nadie que asuma las responsabilidades por tanto margen de corrupción”, apuntó.
Los asambleístas, ejemplificaron sus razonamientos al mencionar el predio localizado en Corredores número 59, colonia Churubusco Country Club, Coyoacán, donde hay una excavación, construcción y derribo de árboles tanto en su interior como en la vía pública, sin manifestaciones ni permisos desde diciembre de 2013. Hay inconsistencias relacionadas como rebase en el límite de niveles, altura y número de viviendas.
Detallaron que el predio de Carreteraco 36, no cuenta con licencia de demolición, ni manifestación de obra; tampoco hay autorización, ni dictamen del INAH, pues en él se encuentran vestigios prehispánicos. Se viola el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán, H2/40.
Otros casos preocupantes donde se ha violado la norma de desarrollo urbano se localizan en la colonia Guadalupe Inn y la zona de San Ángel; en esta última, por las construcciones en el corredor de avenida Revolución desde Rey Cuauhtémoc hasta Barranca del Muerto. Ahí, la autoridad amparada en la Norma 26, permitió este tipo de construcciones en el año 2010.
Por último, Moreno Uriegas denunció lo que sucede con un predio de 132 mil metros cuadrados en Barranca de Tarango donde se ha llevado a cabo la tala de árboles, relleno sanitario y pensión de automóviles del Instituto Nacional de Migración, actualmente en supuesta clausura temporal. Sin embargo hay una violación de sellos y sigue operando.