Guillermo Pimentel Balderas
Es una lástima que el 34 por ciento de la población ocupada en el Distrito Federal percibía ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, dijo el diputado Alejandro Ojeda, quien anunció que promovió una iniciativa para derogar la fracción III al artículo 18, para que la Comisión de Derechos Humanos del DF pueda intervenir en materia laboral.
Aseguró que resulta imperativo que la CDHDF pueda y deba conocer de violaciones a los derechos humanos en materia laboral.
Alejandro Ojeda, explicó que lo anterior cobra mayor sentido, si se asume la agenda de los derechos humanos desde una perspectiva amplia, es decir, considerándolos como el conjunto de derechos políticos y civiles, pero también incluyendo a los derechos económicos, laborales, sociales, culturales y ambientales de la población.
Sin embargo, comentó que a pesar de los avances, el Distrito Federal sigue siendo un territorio con marcados contrastes, ello debido en gran parte a la política económica impuesta por el Gobierno Federal, que a partir de las reformas aprobadas en materia laboral por el PRI, el PAN y el PVEM, no sólo condenan a la gran mayoría de los mexicanos a percibir salarios de sobrevivencia, sino que se establecieron nuevas normas que van en detrimento de los derechos y prestaciones sociales de los asalariados.
“Ante esta situación –aseguró-, se hace imprescindible la actuación de la CDHDF para resguardar los derechos laborales, para lo cual es necesario realizar los cambios legislativos pertinentes en el Distrito Federal para hacer compatibles nuestras leyes con las reformas constitucionales que por fin reconocen diversos derechos de contenido laboral”.
Indicó que entre los cambios constitucionales, destaca la reforma al artículo 102 apartado B, en el sentido de eliminar la restricción que existía para que los organismos protectores de derechos humanos puedan conocer de violaciones a los derechos laborales.
Precisó que por su parte, en el ámbito federal, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el artículo 7 fracción III, se ha derogado la fracción que señalaba el impedimento para que la Comisión Nacional pueda intervenir en los casos de violaciones a los derechos humanos en materia laboral.
Destacó que en cuanto a la generación de empleos, la Ciudad de México presenta buenos números, pues de los más 950 mil empleos formales creados en 2014, el Distrito Federal generó 176 mil 794, colocándose en la cima de la oferta laboral, por encima de Nuevo León y Jalisco.
No obstante, declaró, el 52.5 por ciento de sus habitantes carece de seguridad social; al tiempo que 1.2 millones de personas laboran en la informalidad, según datos del CONEVAL de 2012.
El diputado Ojeda consideró que en el ámbito de los derechos laborales también hace falta un enorme trecho por recorrer, pues según los resultados del último levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el Primer Trimestre del 2013, el 34 por ciento de la población ocupada en el Distrito Federal percibía ingresos por debajo de los dos salarios mínimos.
Adicionalmente, dijo, el 55.2 por ciento de las personas que trabajan o desarrollan alguna actividad remunerada o productiva sin recibir remuneración, carecen de acceso a prestaciones de salud, como producto del trabajo que desarrollan.
Mencionó que el peor dato en materia laboral se encuentra en la cuestión relativa a la informalidad laboral, pues aún en el Distrito Federal millones de empleos no se apegan a la categoría del “trabajo digno”, todo ello, insistió, debido a las políticas implementadas por los gobiernos federales priistas y panistas.
Además, insistió, se deben considerar esquemas de contratación laboral compatibles con la protección de los derechos humanos, a partir de la regulación de figuras como la subcontratación o el outsourcing.
La discrecionalidad de la duración del contrato por parte del patrón, la restricción a prestaciones de ley, son materias que deben preocupar y ocupar a los organismos de derechos humanos, finalizó.