El presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del DF, Gabriel Gómez del Campo, dijo que a pesar de que son muchos los actos de corrupción, pocos son los que se denuncian ante la Contraloría Interna, pero no se toman en cuenta porque se desestiman y solo algunos llegan a ser sancionados con “penas ridículas”, como la amonestación.
Añadió que por ello urge un órgano anticorrupción que permita transparencia y mayor control en el manejo del dinero público, con la garantía de que serán sancionados con rigor los servidores públicos que actúen de manera ilícita.
“Es importante separar transparencia y combate a la corrupción, ya que son cosas diferentes. Podemos ser los más transparentes pero los más corruptos, entonces somos cínicos porque nos gusta transparentar cómo se roba. Lo anterior nos lleva a un reino del cinismo. Es importante que exista un trabajo en conjunto. Si bien podríamos tener en el futuro funcionando un órgano anticorrupción y un órgano de transparencia, tampoco es garantía de un sistema completo de rendición de cuentas”, destacó al participar en el foro “Hacia un Órgano Anticorrupción para el Distrito Federal”.
Gómez del Campo fue más explícito durante su exposición en la forma que funciona la ALDF, al señalar que cuando se denuncia a un funcionario o directivo corrupto, la sanción no tiene consecuencias ejemplares, porque lo más grave que les pasa es la inhabilitación, pero ésta rápidamente se nulifica porque los funcionarios se amparan y ganan el caso por una falta de integración correcta o por errores administrativos, debido a la falta de capacitación de quienes integran los expedientes o por ambigüedad de la ley federal, lo que lleva a convertir a este sistema en reino del cinismo.
Y remató con esta grave acusación: “A pesar de que el DF cuenta con mecanismos de administración, vigilancia y supervisión a través de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, misma que se encarga del sistema de control, evaluación y sanción de un servidor público que actúe de manera ilegal en el ejercicio de sus funciones, se aplica una ley que, además de tener elementos anacrónicos, no atiende las necesidades locales y sus características específicas y tipicidades son en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y autónoma rendición de cuentas por parte de los servidores públicos del DF”.