Guillermo Pimentel Balderas
El Convenio que suscribieron el Tribunal de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría Agraria, ayudará a prevenir y solucionar conflictos en el medio rural, resaltó el Procurador Agrario Cruz López Aguilar.
El funcionario federal destacó que este documento tiene por objeto profesionalizar a servidores públicos como mediadores agrarios para promover la cultura de la paz en el campo, prevenir y dirimir controversias en los ejidos y comunidades, así como hacer frente a las nuevas disposiciones normativas de la Reforma Energética para garantizar la defensa de los derechos, territorio y patrimonio de los sujetos agrarios.
López Aguilar, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, suscribieron dicho Convenio de Colaboración, cuya ceremonia tuvo lugar en el salón “María Lavalle Urbina” del edificio Clementina Gil de Lester del TSJDF.
En su intervención, el Titular de la Procuraduría Agraria destacó que el instrumento jurídico que se signa hoy con el Tribunal Superior de Justicia del DF se enmarca dentro del Centenario de la Expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 en Veracruz, así como al amparo de la nueva Escuela Nacional de Estudios para el Desarrollo Agrario, creada a propósito de esta conmemoración histórica, lo cual contribuirá a cambiar el rostro del campo mexicano, toda vez que se trata de una institución de reconocido prestigio en la formación de mediadores.
Dicho centro de estudios, subrayó López Aguilar —creado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2014— busca impulsar la profesionalización, educación e investigación del Sector Agrario que permita la formación de especialistas mediante programas de actualización, vinculación y difusión de estudios que fortalezcan la cultura jurídica, la legalidad y la equidad de género en el campo, a través del ejercicio efectivo de los derechos de los sujetos agrarios.
El Ombudsman Agrario hizo énfasis en que al conmemorarse el Centenario de la Promulgación de la Ley Agraria, el Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, ha planteado la reforma profunda del campo que le permita ser más productivo, con mayores recursos y esquemas de financiamiento con tasas más bajas, para asegurar que la tierra alcance mayores niveles productivos y que los programas sociales de apoyo al agro se orienten a incentivar la producción agroalimentaria.
“Hoy —asentó el Procurador Agrario— los campesinos y las organizaciones que los representan, contamos con un gobierno que promueve su bienestar. También cuentan con una Procuraduría que defiende y defenderá sus derechos, no sólo por mandato legal, sino por la profunda convicción de que al hacerlo contribuimos a lograr un México más próspero, incluyente y cada vez más democrático”.
En este contexto, refrendó el compromiso que asumió desde el inicio de su gestión al frente de la Institución de posicionar a la Procuraduría Agraria como la entidad del Gobierno de la República garante de la legalidad del campo y auténtica defensora de los derechos y del patrimonio de los sujetos agrarios, así como de los recursos naturales de que disponen los ejidos y las comunidades en toda la geografía nacional.
A este respecto, recordó que varias de las reformas promovidas por el Ejecutivo Federal y que fueron aprobadas el año anterior por el Legislativo, otorgan nuevas facultades y atribuciones a esta institución del Sector Agrario para proteger la propiedad social e impulsar el desarrollo ordenado del territorio nacional a través de la SEDATU, de tal forma que el convenio que hoy celebramos con el TSJDF es de la mayor importancia para profesionalizar a nuestro personal en la práctica de la mediación como instrumento alternativo para la solución de controversias y, de esta forma, responder con oportunidad y eficiencia a la nueva normatividad en materia energética.
Tras la firma protocolaria, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, manifestó su satisfacción por la suscripción de este Convenio de Colaboración con la Procuraduría Agraria. “Es un honor, para el Poder Judicial de la Ciudad de México, dijo, sobre todo en el marco de la Expedición de la Ley Agraria de 1915, poner a disposición de la Institución su experiencia en esta materia y, con ello, participar en la construcción del modelo de mediación agraria que coadyuve a resolver conflictos de los sujetos agrarios en el campo.
“Delineamos el presente imaginando el futuro, y confirmamos con esta firma que el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad podemos ir juntos en la solución de los conflictos, y que definitivamente estas ideas se pueden trasformar en hechos, como hoy se hacen realidad”, estableció, por último el Magistrado presidente del TSJDF.
Se contó con la presencia de la Subsecretaria de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Georgina Trujillo Zentella, en representación del Titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín; el Subprocurador General Agrario, Rubén Treviño Castillo; delegados federales de esta Institución, mandos superiores, directores generales, así como magistrados, jueces, mediadores, dirigentes de organizaciones campesinas y directivos de instituciones académicas del nivel superior.
También atestiguaron este magno evento, Luis Armando Bastarrachea Sosa, Director General de la Propiedad Rural, en representación del Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Gustavo Cárdenas Monroy; Dip. Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Pascual Hernández Margoldd, Director General del Centro de Justicia Alternativa; Alejandro Domínguez Muñoz, representante del magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario; Ángela Quiroga Quiroga, Directora General del Instituto de Estudios Judiciales del TSJDF.
Concurrieron, asimismo, José Miguel Salcido, Presidente del Tribunal Superior de Chihuahua; Ramón Valdivia Alcalá, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); Javier Melgoza Alcalá, en representación del Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); así como líderes de las organizaciones sociales y campesinas representadas en el Comité Permanente de Control y Seguimiento (COPECOSE) de la Procuraduría Agraria.
Por parte de oficinas centrales, estuvieron presentes: Francisco García Manilla, Coordinador General de Delegaciones; Eduardo Alviso Rentería, Secretario General; Jorge López Negrete, Director General Jurídico y de Representación Agraria; las Directoras Generales de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural, Catalina Rodríguez Rivera; y de Organización Agraria, Irma Cristina Gómez Pruneda y la Secretaria Técnica del COPECOSE, Eréndira Girón Flores.
Asimismo: Jacobo Torres Pérez, Director General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales;Gerardo Gómez González, Director General de Estudios y Publicaciones; Erón García Zavala, Director General de Administración; José Arturo Flores González, Director General de Quejas y Denuncias; Héctor Rodríguez Salas, Director General de Programación, Organización y Presupuesto; José Granados Lemus, Director General de Comunicación Social;Arturo Rodríguez Aguilar, Director del Servicio Profesional de Carrera;Raúl Armas Katz, Contralor Interno;José Arturo Mijares Meza, Visitador Especial y el Asesor Jurídico, Ricardo Delgado Robles.