Al manifestarse porque el acceso al agua se mantenga como un derecho humano en la Ciudad de México, la diputada Aleida Alavez Ruiz declaró que continúan las pláticas con el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para construir una propuesta en esta materia que garantice el abasto equitativo para toda la población, pues es inadmisible que mientras en la Benito Juárez se tiene un consumo promedio de 600 litros diarios por persona, en Iztapalapa el promedio es de apenas 70 litros.
Declaró que se debe obligar al Sistema de Aguas de la Ciudad de la Ciudad de México (SACM) a presentar reportes constantes de cómo llega o se obtiene agua, y cómo se distribuye, porque así como se exige a la ciudadanía que pague, también debe obligarse a las autoridades a garantizar el suministro.
Al participar en la Ceremonia de la firma del Convenio de colaboración entre la Comisión de Derechos Humanos del DF y la delegación de Iztapalapa, la legisladora aseveró que el Grupo Parlamentario del PRD en la ALDF defenderá el agua como un derecho humano, de tal manera que la reestructuración del SACM estaría enfocada a garantizar el acceso equitativo del vital líquido a toda la población.
Acompañada por la jefa delegacional del Iztapalapa, Clara Brugada, y el presidente de la CNDHDF, Luis González Plascencia, Alavez dijo que se debe establecer cuánto se tendría que invertir como autoridades para garantizar este derecho; como administración pública, cómo se pueden implementar medidas para que los funcionarios tengan muy claro que el suministro del agua se tiene que garantizar”.
En el marco del Día Mundial del Agua, Aleida Alavez rechazó las acciones que impliquen cortar el suministro a la población porque va en detrimento de este derecho, aunque aclaró que ello no significa abogar por morosos, ya que el SACM les ha informado que sólo le está cortando el abastecimiento a quienes tienen un año de no pagar la tarifa correspondiente.
Sin embargo, precisó que el corte se justificaría si el suministro de agua fuera permanente y la gente no sufriera la problemática que se presenta cada época de estiaje. Comentó que tuvieron mesas de negociación con el SACM para que la gente acuerde un esquema de pago, con el propósito de evitar dicho corte.
No obstante, señaló, tampoco se puede permitir actos arbitrarios porque no estarían en la misma sintonía diputados y GDF, de ahí que los cambios a la iniciativa presentada por las autoridades va enfocada a definir cuáles son las facultades y funciones de los encargados de administrar el servicio del agua, y cuáles son los derechos que deben resguardarse.
De igual manera, abundó, deben establecerse los mecanismos y medidas que se puedan aplicar para generar más recursos, sin que haya coacción o presión desmedida en contra de la población, mientras no haya un compromiso de garantizar el abasto equitativo a toda la población.
Indicó que no necesariamente se trata de eliminar el corte, como una sanción, sino que se impondrían ciertas reglas para decidir a quien sí se le puede cortar el agua, porque está documentado que hay quienes deben todo un año del pago de la tarifa, y no se trata de cubrir a nadie que piense que el agua es gratuita.
Mencionó que el director del SACM, Ramón Aguirre, aseguró que los habitantes de Iztapalapa recibían en promedio 200 litros de agua al día por persona, pero en la realidad esto no se ve reflejado en las tomas domiciliarias, porque cuando no hay suministro por la vía normal se tiene que distribuir por medio de pipas o de tandeo.
Sostuvo que el principal punto polémico, en la que algunos diputados no van a avalar, es la venta en bloques de agua, porque podría implicar su reventa a particulares u organismos públicos.
“Dejamos claro –subrayó— en la sesión que tuvimos con las autoridades del SACM el pasado viernes, que la venta en bloques no va, pero vamos a estudiar en dónde sí y cómo podría participar la iniciativa privada, resguardando que los sectores estratégicos del manejo del agua lo opera un organismo público”.
Expuso que sigue la discusión para construir un consenso con el GDF, porque tampoco hay acuerdo en la creación de una Junta de Gobierno, que estaría supliendo las facultades de la ALDF en materia de agua.