La diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad solicitar un informe pormenorizado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), en torno a los delitos cometidos por violación al uso de suelo.
Mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, se solicitó al titular de la PGJDF, Rodolfo Fernando Ríos Garza, remitir un informe de septiembre de 2011 a la fecha, sobre el número de denuncias por el delito de violación al uso de suelo previsto y sancionado por el Artículo 343 Bis del Código Penal del Distrito Federal.
Asimismo, se pidió al titular del INVEA, Meyer Klip Gervitz, detallar todos los procedimientos de verificación administrativa realizados en materia de construcción y edificación de inmuebles en los que se haya detectado violación al uso de suelo, y si se presentó la denuncia penal respectiva por la posible comisión de un delito.
En tribuna, el diputado Lobo Román consideró imperativo evitar que particulares lucren y violen las disposiciones de seguridad, medio ambiente y arquitectónicas que se derivan del uso de suelo. Se trata –enfatizó- de hacer valer los derechos de las personas que invierten su dinero para hacerse de un patrimonio.
Según el documento aprobado, el diputado perredista argumentó que es común ver obras irregulares que cuentan con permisos, licencias o autorizaciones que violan los usos de suelo, así como a funcionarios que otorgan permisos que violan la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Lobo Román destacó que persiste la violación de la normatividad por parte de bares, antros, discotecas, salones de fiesta, fábricas, talleres, restaurantes y construcciones particulares que exceden el número de niveles permitidos o que no cumplen con la superficie de área libre.
Dijo que en los últimos 10 años se han incrementado las violaciones al uso de suelo, lo cual se explica por el incremento de desarrollos inmobiliarios en las delegaciones centrales, pues ello implica una mayor rentabilidad para las constructoras, pero afectación en la calidad de vida de los ciudadanos.
“Solo por mencionar un dato, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial –según declaraciones del titular de la dependencia-, recibe al año un promedio de mil 200 denuncias, de las cuales 30 por ciento (360), son por violaciones de uso de suelo y solo en caso de que se dictamine que incurrieron en un delito, se pasa a manos de la PGJDF”, expresó en diputado Víctor Hugo Lobo.
Lo anterior, explicó, se ha derivado del acelerado crecimiento urbano y su consecuente demanda de vivienda. Refirió que en 2010 el parque habitacional en la ciudad era de 28.5 millones de vivienda, de las cuales 20.3 millones eran propias o estaban en proceso de pago. A principios de 2012, existían según el INEGI, 20 mil empresas de la industria de la construcción.