Por Guillermo Pimentel Balderas

La diputada Alicia Téllez Sánchez puso en duda la transparencia de los programas que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard, que se supone, dijo, “deben beneficiar a toda la población en general en la capital del país”.

Expuso que por desgracia no se puede decir que los programas que deben beneficiar a toda la población en general en la capital del país, son realmente transparentes por lo que resulta urgente encontrar un método para calificarlos con una precisión real.

Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente de aquellos grupos vulnerables que carecen de los medios adecuados para subsistir, la vicecoordinadora del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, presentó una Iniciativa de Ley que permitirá alcanzar el objetivo trazado.

Aclaró que las Políticas y Programas Sociales que ejecuta el Gobierno del Distrito Federal, en muchas ocasiones no cumplen la meta deseada, es decir, se debe vigilar el uso y aprovechamiento, así como la evolución de los Programas Sociales.

Consideró importante dar un paso más allá y reforzar, modificar, orientar y recomendar acciones que mejoren la implementación de programas sociales en los capitalinos, con el objeto de que estos últimos sean los más beneficiados.

En este sentido, la diputada priista explicó que parte de su proyecto de ley contempla, entre otras cuestiones, evaluar y auditar de manera permanente y periódica la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el alcance de los objetivos y metas de los programas sociales, así como el cumplimiento de los objetivos y metas a los que estén destinados los recursos públicos que maneja el Gobierno de la Ciudad de México.

“La vigilancia, auditoria y evaluación en materia de Políticas y Programas Sociales se realizará de manera independiente por el área administrativa correspondiente, a aquellas aprobadas anualmente, para lo cual se deberán integrar al Programa General de Auditorias”.

Téllez Sánchez fue clara al señalar que el gasto social en los últimos tres años representó casi el 45 por ciento del gasto global ejecutado por el Ejecutivo Local, “lo que implica una rama de presupuesto que requiere de suma atención y vigilancia, sobre todo por las grandes cantidades de recursos presupuestales aplicados en Políticas y Programas Sociales”.

Derivado de lo anterior, dijo que la Asamblea Legislativa tiene una importante responsabilidad porque dentro de sus funciones debe vigilar y evaluar la coordinación, ejecución de las Políticas, Programas y acciones en materia de Desarrollo Social.

Subrayó que la evaluación permite establecer en qué medida tiene lugar el cumplimiento de metas; cuál es la eficiencia operativa; el costo–beneficio de los programas; su adecuación a las normas operativas y la correspondencia entre gasto y objetivos.

Aseguró que a través de esta mecánica, la Asamblea Legislativa estará en posibilidades de coadyuvar con el Ejecutivo Local en la elaboración de más y mejores programas de carácter social y en el caso de los que ya existen, mejorar su operatividad y funcionalidad, con el objeto de satisfacer las necesidades de los que son beneficiados y cubrir las carencias sociales de los habitantes de la capital.

“De esta manera contribuiríamos a la disminución de la pobreza, la marginación y la desigualdad social, cumpliríamos con los principios rectores de las políticas públicas en materia del rubro social y se proporcionará a los ciudadanos en general, y a los menos favorecidos en particular, condiciones de justicia y equidad en la distribución de bienes y servicios”.

La vicecoordinadora de los diputados priistas en la Asamblea Legislativa, enfatizó que su compromiso es implementar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, sobre todo a aquellos grupos vulnerables que carecen de los medios adecuados para subsistir o tener un nivel de vida óptimo y de calidad.

“Estamos proponiendo evaluar y revisar los Programas Sociales que es una responsabilidad de esta Soberanía, por lo que debemos de atender y poner el ejemplo como legisladores y promotores de la legalidad”.