Guillermo Pimentel Balderas
Los diputados Carlo Pizano Salinas y Sergio Eguren Cornejo exigieron al titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, José Guadalupe Medina Romero, dar cumplimiento con los plazos y lineamientos que establece la Ley Registral local a fin de agilizar los trámites para la inscripción de una propiedad.
Los legisladores lamentaron que de los más de dos millones de folios reales de inmuebles con que cuenta el acervo del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, solamente 244 mil han sido digitalizados, lo que representa un rezago del 87.8 por ciento en el proceso.
Carlo Pizano Salinas expresó que “Es indispensable generar certidumbre y estabilidad en los criterios jurídicos para el registro de una propiedad en la Ciudad de México. En el Registro Público existe un rezago de arriba de 66 mil asuntos, que en ocasiones provienen casos de 2008, 2009 y 2010, los cuales no han sido atendidos, siendo que la Ley en la materia establece un plazo de 20 días para su desahogo y en la práctica no sucede así”.
El también vicepresidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia indicó que la institución, dependiente de la Consejería Jurídica, no está dando prioridad al rubro del Servicio Profesional de Carrera tal y como lo establece la propia Ley Registral, en donde, a través del establecimiento de una comisión integrada por dependencias públicas y privadas vinculadas con el Registro, se de seguimiento a dicha profesionalización, órgano que hasta el día de hoy no se ha instalado.
“Exhortamos a que esta comisión se instale de inmediato, con la participación de los principales usuarios del Registro Público, como son los notarios, el Infonavit, el ISSSTE y una serie de instituciones que podrían darle recomendaciones muy importantes para el Servicio Profesional de Carrera”.
Por su parte, el diputado Sergio Eguren Cornejo cuestionó la falta de recursos y las limitaciones con que el Gobierno del Distrito Federal mantiene en operación al organismo. Aseveró que mientras el Registro Público recibe anualmente alrededor de 50 millones de pesos, éste le regresa más de 900 millones de pesos a la Tesorería, lo cual representa una contradicción.
“Existe una contradicción entre los recursos que el órgano le da a la Tesorería y los pocos que este le regresa al Registro. Situación que se traduce en la poca infraestructura con que se cuenta y la falta de personal capacitado y bien remunerado para acelerar los procesos de inscripción”.
El también integrante de la Comisión de Notariado expuso que son los mismos notarios quienes se quejan del mal servicio que da la institución, toda vez que son lentos con la excusa de la digitalización y se da preferencia a los procesos de escrituración que provienen del Fovissste o del Infonavit.