Dirigentes de Movimiento Ciudadano anuncian que alistan una iniciativa que a través de su Grupo Parlamentario presentarán en la Cámara de Diputados, a efecto de tipificar como delito en el Código Penal federal la violencia política hacia las mujeres.
La delegada de Mujeres en Movimiento en el Distrito Federal, Patricia Barragán, y la delegada nacional de Movimiento Ciudadano en la ciudad de México, Esthela Damián Peralta, indicaron que la propuesta que llevarán a San Lázaro y que buscarán se incluya en los Estatutos del partido, estará enriquecida con la aportación que harán las militantes de este instituto político durante su participación en diversos talleres que organizarán sobre el tema.
Detallaron que la violencia política de género son acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias, en el ejercicio de su representación política. Asimismo, mencionaron que incluso algunos casos que podrían considerarse violencia política son las agresiones verbales cometidas por legisladores.
Al respecto, coincidieron en que la violencia política hacia las mujeres es un tema pendiente desde el inicio de la democracia, pues se creía que la política era un campo exclusivo para los hombres.
Afirmaron que son innumerables los casos de candidatos a cargos de elección, legisladores, líderes partidistas y partidos que discriminan a las mujeres al difamarlas, calumniarlas, desprestigiarlas, intimidarlas o amenazarlas, o bien, al burlarse de ellas, obligarlas a renunciar a sus cargos, o evadir las cuotas de género.
Plantearon que lesiones que tardan de 15 a 20 días en sanar se castiguen con 3 a 8 meses de prisión o 30 a 50 días de multa y las lesiones mayores de 20 días de 4 meses a 2 años de prisión o 60 y hasta 260 días de multa.
“Propondremos que las lesiones que puedan causar la muerte se equiparen al intento de homicidio u homicidio, teniendo como agravante la violencia política ejercida en contra de las mujeres que tengan un cargo público o se dediquen a hacer política”, explicaron.
Dejaron claro que si bien en 2013 el Senado de la República aprobó por unanimidad con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde por primera vez se tipificó en México la violencia política de género que se vive al interior de los partidos, campañas electorales, dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo, ahora resulta necesario reconocer esta falta como un delito en el Código Penal federal con pena privativa de la libertad.
Recordaron que en el dictamen que aprobó la Cámara alta se establece que los actos de violencia política hacia las mujeres serán, entre otros, los impuestos por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, proporcionar a las mujeres candidatas información falsa, entre otros.
Igualmente se señala que la violencia política de género la realiza quien restrinja el uso de la palabra en las sesiones de ambas Cámaras del Congreso y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo.