Por Guillermo Pimentel Balderas
La Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, acordó plantear el calendario de comparecencias de los jefes delegacionales ante la misma.
En sesión de esta Comisión, de la cual es integrante el diputado local del PRD, Alejandro Piña Medina, expuso que se citará a los delegados para exponer las condiciones generales en las cuales recibieron la demarcación a su cargo, el estado actual que guarda su administración, a 100 días de gobierno.
Asimismo, tendrán que explicar acciones a emprender, en temas como: mantenimiento de escuelas, programas etiquetados, condiciones generales de mercados públicos, obras de infraestructura urbana, verificaciones administrativas y sus procedimientos, protección civil, derechos humanos, equidad de género y perspectiva de género, calendario presupuestal solicitado y modificado, número de solicitudes ingresadas y atendidas en Cesac y Ventanilla Única Delegacional, así como acciones previstas o programadas en el rubro de transparencia.
La sesiones se acordaron de la siguiente manera: 18 de febrero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez; 19 de febrero, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc; 21 de febrero, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa; 22 de febrero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Miguel Hidalgo; 25 de febrero, Tlalpan, Tláhuac y Venustiano Carranza; 26 de febrero, Xochimilco.
También, la Comisión aprobó el dictamen del proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, el cual se encuentra encaminado a brindar mayor seguridad jurídica y respaldo a los ciudadanos en un procedimiento administrativo, para el resarcimiento de los daños que pudieran sufrir en su patrimonio, al crear módulos específicos de atención en materia de responsabilidad patrimonial y extender de 1 a 2 años el periodo establecido para la prescripción del procedimiento.
De igual forma, se decidió que la Contraloría General aplique una revisión de las normas, trámites y servicios que existen actualmente, para que sólo persistan en su aplicación aquéllos que estén plenamente justificados y los demás se eliminen.