En el marco de la manifestación y las movilizaciones a cinco meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) implementó, tal como lo hizo durante 2014, un operativo para acompañar y monitorear la marcha.
El operativo constó de 82 servidores públicos adscritos a este Organismo Defensor, entre Visitadoras y Visitadores adjuntos, encabezados por el Primer Visitador General, en la coordinación en terreno de 61 personas, entre las que se incluye personal médico, equipo de Comunicación Social y cuatro Unidades Ombudsmóvil.
Las unidades Ombudsmóvil se ubicaron en Chivatito y Reforma (con dirección al Norte), en el Museo de Antropología, en Reforma y Circuito Interior y en la retaguardia de la marcha, siguiendo todo su trayecto.
Previo a la marcha, la CDHDF envió medidas precautorias y preventivas dirigidas a las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública (SSP), Protección Civil, Obras y Servicios; así como a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Sistema de Transporte Colectivo (STC-Metro).
En dichas medidas, la CDHDF solicitó:
· Respetar el derecho de las y los integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), activistas y defensores de derechos humanos a promover, proteger y defender por medios pacíficos los derechos humanos.
· Abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores, y que pongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan junto con sus organizaciones.
· En relación con los profesionales de la información, como son las y los periodistas y camarógrafos que se encuentren realizando su labor en el marco de una manifestación pública, se solicitó no ser molestados, detenidos o trasladados, ni sufrir limitación alguna a sus derechos de ejercer su profesión.
Por el contrario, se pidió darles garantías, impidiendo cualquier acción que intente obstruir su labor, como por ejemplo, evitar que sean secuestradas sus herramientas de trabajo.
La CDHDF refrenda así su compromiso con las víctimas y el derecho a la manifestación, conminando a las autoridades a respetar y garantizar ese y los demás derechos, así como el trabajo de las y los defensores de derechos humanos y de los profesionales de los diversos medios de comunicación.