Por Guillermo Pimentel Balderas
Manuel Granados Covarrubias, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, consideró que las acusaciones de amenazas de muerte por parte del diputado de Movimiento Ciudadano, Rosalío Pineda, que denunciaron integrantes de Nueva Alianza, no podrán considerarse para realizar un juicio de desafuero.
En breve entrevista, el diputado perredista dijo que la Procuraduría General de Justicia del DF, es la que debe realizar las indagatorias correspondientes en este caso. “Tienen que llamar a declarar a quienes estén involucrados, hacer las pruebas periciales correspondientes y emitir una resolución”, señaló.
Precisó que serán las autoridades de investigación quienes darán la información correspondiente a la ALDF.
Explicó Granados Covarrubias: "Primero, no es un delito grave, segundo, porque ni siquiera las amenazas están consideradas como un delito en la Ciudad de México y por tanto la Constitución señala que tratándose de delitos graves, sólo puede darse la hipótesis de declaración de procedencia y en su caso el desafuero", indicó.
El presidente de la Comisión de Gobierno detalló que la ALDF no podría a priori encausar una decisión si no se tienen los elementos suficientes, ya que no son una autoridad investigadora, como sí lo es la Procuraduría capitalina.