Guillermo Pimentel Balderas
El diputado Leobardo Urbina Mosqueda lamentó que el 90 por ciento de los defendidos legalmente son considerados culpables, ya sea por la falta de experiencia de personas que sin ningún escrúpulo litigan al amparo de las autoridades.
El legislador priista calificó como injusto que miles de personas terminen recluidas en los penales por ser “defendidas” por personas sin licencia, sin escrúpulos y sin ética profesional.
Reveló que un importante número de casos que se desahogan en juzgados y tribunales del fuero federal y común, son llevados por personal que no tienen los estudios que se requieren como abogados o peritos en derecho y que litigan al amparo de las autoridades del Tribunal Superior de Justicia o de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
En este sentido, el diputado priista señaló que los inculpados deben contar con el patrocinio de una defensa ejercida en la parte de averiguación previa, ya sea por una persona de su confianza o por un abogado defensor particular o de oficio, el cual debe contar con su Cédula Profesional registrada ante la Secretaria de Educación Pública.
Sin embargo, el legislador detalló que existen muchos “pseudos abogados” que viven engañando a la gente a través de la falsificación de documentos oficiales como la Cédula Profesional, misma que es presentada ante los diferentes juzgados para acreditar el requisito que se le exige al defensor particular y en muchos de los casos protegidos por las mismas autoridades.
“Lamentablemente la Ley no exige que el juzgador corrobore la autenticidad y la eficacia de la Cédula Profesional, y se tiene por satisfecho el requisito con la sola presentación de la referida Cédula Profesional, resultando que los defensores particulares en muchas ocasiones son personas que engañan, no solo a su cliente o representado, sino también a las autoridades impartidoras de justicia”.
“En casi el 90 por ciento de los procesados se les causa un daño que, en muchas ocasiones, es irreversible porque el propio procesado, al igual que su familia y el juzgador, no se percatan de la falsedad del documento, ni del engaño que comete su defensor, lo que provoca el riesgo de recibir una sentencia adversa por la misma razón”.
El integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, dio a conocer que presentó un proyecto de Iniciativa con reformas a los artículos 269 y 290 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, donde propone que el Ministerio Público, en el caso exclusivo de defensor particular, no así de persona de confianza del presunto responsable, pueda corroborar y verificar de manera electrónica, es decir por Internet a través de los sistemas de informática, la autenticidad de los datos que se contienen en la Cédula Profesional.
El diputado priista aseguró que en la actualidad la utilización de los medios informáticos cada vez es más utilizada en la práctica en toda clase de controversias jurisdiccionales, más aún, en aquellas que pudiesen tener que ver con la libertad de las personas.