*Jugoso negocio estacionamientos públicos
El déficit de espacios para estacionamiento en la ciudad de México sigue siendo originado por factores que tienen su fuente en la concentración de actividades, gubernamentales, financieras y comerciales.
Al grado de que los propietarios y administradores de estacionamientos públicos existentes, han tomado las aceras peatonales como extensión de sus negocios.
Y es así que observamos por muchos rumbos de la ciudad y no sólo en horas determinadas, que los empleados de esos giros prestan el servicio al público fuera de las áreas determinadas por los reglamentos.
Es decir, reciben y entregan los vehículos en custodia en plena zona peatonal, sin importar poner en peligro la integridad de los transeúntes que pasan por esos sitios, violando plenamente sus derechos.
Es el caso de los estacionamientos públicos ubicados en la calle de Tlaxcala, principalmente los que se encuentran en el número 135 y 136, entre la avenida Insurgentes y la calle de Tlacotalpan.
Negocios de resguardo vehicular que al estar ubicados en plena zona de hospitales, consultorios médicos y oficinas públicas, tienen mucha demanda de espacios, al grado que dejan estacionados los vehículos en plena zona peatonal, obstruyendo la circulación de las personas que, para pasar, tienen que bajarse al arroyo vehicular con el peligro que eso representa, más aún para las personas de la tercera edad, que en su mayoría asisten a sus consultas médicas, en esos centros de salud.
El otro estacionamiento público que provoca el mismo tipo de problemas, es el que se encuentra en la esquina de la calle de Minatitlán S/N y la calle de Nautla, todos en la Colonia Roma Sur.
Y se preguntan los vecinos de la zona, por qué las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, -en donde es titular Alejandro Fernández-, responsables de vigilar y aplicar el Reglamento de Estacionamientos Públicos del DF, no evitan este tipo de anomalías.
Y se responden, probablemente es porque las autoridades correspondientes no cuentan con personal suficiente para realizar puntuales inspecciones o no les corresponden esas tarea, o de plano, porque reciben la clásica cuota mensual por parte de los propietarios para no molestarlos y así seguirles permitiendo hacer lo que sus tenates quieran.
Y claro, por otra parte, agregan los quejosos, también corresponde a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Publica SSP, hacerse presentes en esa zona y otras de la ciudad, y aplicar el Reglamento de Tránsito, pues hay claras obstrucciones en las vías públicas que provocan los acomodadores de los estacionamientos con los vehículos en custodia.
Señor titular de la SSP, envíe grúas o por lo menos agentes de tránsito para evitar molestias y accidentes a los ciudadanos que pasen por estacionamientos públicos ubicados en las zonas más conflictivas.
Y si bien es cierto que el crecimiento acelerado del parque vehicular y la serie de reglamentaciones viales y de tránsito han ido reduciendo espacios en las calles donde pueden estacionarse vehículos, también es cierto que esto sumado a otras acciones, han sido los mejores aliados para la creación de importantes negocios como son los estacionamientos públicos, que poco a poco se han convertido, como en antaño, en verdaderos monopolios, donde, hasta por herencia, aún existen acciones ilícitas, de verdaderas mafias, como si fuera su carta de presentación y mal ejemplo para propietarios de estacionamiento que siguen la línea decente de trabajo.
Cómo olvidar la firma de la Organización Sarquís, S. A. de C.V., empresa que era propietaria del 40 por ciento de los estacionamientos públicos en el Distrito Federal, que tuvo sus antecedentes allá por los años cuarenta, cuando circulaban en la ciudad cerca de 48 mil vehículos, y las actividades se concentraban en el viejo centro.
Posteriormente en los años ochenta la empresa contaba con 300 estacionamientos, todo un monopolio fuera de control de las autoridades en turno, donde esa organización marcaba el rumbo de las tarifas a los clientes en base a la oferta y la demanda, siendo mal ejemplo para otras empresas y propietarios personas físicas, que seguían sus pasos.
En pocas palabras, esa empresa hacía lo que quería, asentando sus negocios en predios rentados o propios, en edificios, en lotes baldíos, sin contar con las mínimas medidas de seguridad, y menos si se trataba de estacionamientos de estructura.
No pagaba sueldo a sus acomodadores y menos les solicitaba presentar licencia para conducir y así darles chance de ganarse unas propinas, no cumplía con el reglamento de construcción, etc., en fin, se pasaba por debajo del pantalón la normatividad vigente y sólo bastaba estar bien con las autoridades y punto, al grado que el negocio se hacía hasta en las calles, como lo vemos ahora.
Ante el panorama denunciado, es indispensable que las autoridades encuentren los mecanismos idóneos para hacerle frente al bien constituido gremio de propietarios de estacionamientos públicos, protegidos hasta la presente por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de la Ciudad de México, para que cumplan con las normas y los reglamentos.
Las bases en aspectos normativos y de operación para dichos establecimientos las ha asentado el gobierno a raíz de las numerosas denuncias de los ciudadanos a los que se les han violentados sus derechos.
Los derechos y obligaciones para las partes actuantes están señalados, así como las sanciones para quienes infrinjan los reglamentos. Los ordenamientos no pueden seguirse omitiendo, cuando es responsabilidad de los funcionarios de las delegaciones y en específico las de la Cuauhtémoc, hacerlas cumplir cabalmente.