Las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se basan en un trabajo técnico profesional y están alejadas de cualquier apreciación política, motivo por el cual este organismo rechaza categóricamente las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Jesús Rodríguez Almeida, en el sentido de que nuestras indagatorias están “sesgadas”.
A la SSPDF se le solicitó entrevistar a los policías lesionados el pasado 10 de junio. La intención fue tutelar sus derechos, tomar en consideración su voz en torno a los hechos, y contar con elementos de evidencia más integrales. Sin embargo, la propia SSPDF negó el acceso a sus elementos a la CDHDF; situación de la cual no informa el titular de la policía. Ello es prueba de que en nuestras investigaciones, como siempre se ha hecho, se busca el punto de vista de la autoridad.
Para la CDHDF es insostenible lo dicho por el Secretario de Seguridad Pública capitalino en torno a la inconsistencia técnica de las investigaciones de este Organismo, ya que están fundamentadas en un vasto acervo probatorio que incluye: videos, radio comunicaciones, bitácoras policiales, informes solicitados, la orden general de operaciones y más de 50 testimonios recabados a mandos policiales y elementos de tropa.
La CDHDF condena la violencia contra la policía, contra el patrimonio de las personas y contra la propia ciudad.
En la Recomendación 7/2013 la CDHDF se pronunció en contra de la SSPDF por no tutelar los derechos de su propia Policía, pues de las radio comunicaciones se observaba que los elementos de a pie radiaron desde las 09:00 horas hechos de violencia, y por más de tres horas los mandos superiores no tomaron las decisiones adecuadas para evitar la proliferación de la violencia.
En particular hicimos notar la sobre exposición de los elementos policiales frente a las agresiones.
La CDHDF recomendó reivindicar los derechos de las personas que sufrieron daños en su patrimonio, pues una operación policial eficiente pudo contener y evitar la violencia en contra de los comercios; es decir la CDHDF no sólo se pronunció por la tortura y detención arbitraria, sino que también pidió la reparación del daño causado a múltiples propietarios.
En los testimonios recabados directamente a policías que participaron en el operativo del 1 de diciembre de 2012, ellos mismos manifestaron no contar con protocolos de intervención, con capacitación continua para reacción en momentos de crisis y, que para el día de los hechos la orden de operaciones no fue transmitida. Es decir la CDHDF, si tomó en consideración lo dicho por los propios policías.
Por lo anterior, la CDHDF manifiesta su desaprobación por lo dicho por el titular de la SSPDF y no acepta que se falte a la verdad al afirmar que sus investigaciones son “sesgadas”, más cuando en el Anexo número dos de la Recomendación 7/2013 se aprecian 23 videos que dan cuenta irrefutable de más de 50 detenciones arbitrarias.
Son precisamente las evidencias fílmicas las que muestran la deficiente actuación de la SSPDF, o en su defecto, las propias radiocomunicaciones o bitácoras de policía en donde se escucha y se aprecia que las detenciones fueron realizadas en circunstancias totalmente distintas a las denunciadas en su puesta a disposición por la propia policía.
Cabe destacar que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) aceptó integralmente dicha Recomendación y ello técnicamente implica que la Secretaría de Seguridad Pública se obligó a su cumplimiento íntegro. Este Organismo reitera que la aceptación conlleva, en el pleno sentido de la palabra, que la autoridad acepta los hechos comprobados por la CDHDF, las violaciones que dichos hechos involucran y las recomendaciones que en particular hace para su remedio y no repetición.
La CDHDF condena la violencia y resalta que los límites del derecho a la manifestación son el ejercicio pacífico de la misma y los derechos de terceros, pero de igual manera, apunta que seguirá revisando la actuación de la Policía, justo para evitar que se sigan consumando detenciones arbitrarias sobre personas que no agredieron a los uniformados.