Tras reconocer que la reforma a la Ley de Protección a los animales del Distrito Federal marca un parte aguas en su trato, en particular hacia los perros y gatos, pues por vez primera se ataca el problema de la sobrepoblación canina y felina, con medidas que regulan y restringen su crianza y venta, José Luis Carranza, alertó que es necesario adecuar el reglamento de la norma para que surta sus mejores efectos en el menor tiempo posible.
En respuesta a vendedores de animales de compañía, quienes en los últimos días han realizado campañas para desinformar a la ciudadanía sobre las bondades de la reforma, el activista aclaró que las autoridades no cobrarán ningún impuesto por la posesión de felinos o caninos, por el contrario pretende proteger a los animales de compañía y a sus dueños, quienes deben de actuar con responsabilidad.
El coordinador general del Frente Ciudadano Pro Derecho Animal (Frecda) aseguró que con estas leyes la Ciudad de México se consolida como líder nacional e internacional en la aplicación de políticas públicas y leyes de protección en favor de nuestros hermanos sin voz, quienes han padecido el maltrato, la tortura, el exterminio y la indiferencia de las autoridades y la sociedad.
“En nuestro país la principal forma de control de las poblaciones caninas y felinas es con la matanza masiva en la que se utilización métodos crueles como la electrocución. Afortunadamente con estas reformas en la capital mexicana se controlará la sobrepoblación desde su origen.
“Es decir ya no habrá más reproducción indiscriminada, pues se erradicará el descontrol que actualmente impera en fábricas de reproducción de perros y gatos, las cuales además de no velar por un trato digno y respetuoso, son la fuente principal de crías en el Distrito Federal, lo que provoca su abandono cuando crecen y la gente ya no quiere hacerse cargo de ellos, lo que termina muchas veces con su muerte, ya sea por ser atropellado, por enfermedad o asesinados en los centros de control”.
Tras manifestar que la nueva ley busca regular la tenencia responsable de los animales de compañía, el activista desmintió las campañas difundidas por personas afectadas con su aplicación en el sentido de que ahora se deberá pagar impuesto por cada perro o gato y precisó que aún no existe una decisión sobre cuánto costará el microchip.
“Las especulaciones con respecto al supuesto impuesto son falsas, así como el del costo del microchip, ya que todavía no se definen sus características generales; sin embargo, se garantizará que sea un producto que no afecte la salud de los animales de compañía y al menor costo posible”, precisó José Luis Carranza.
Reflexionó que las personas responsables de perros o gatos en la Ciudad de México, con el RAC (Registro de Animales de Compañía) contarán con un instrumento para acreditar la legítima posesión y propiedad y con el microchip en caso de robo o extravió habrá más posibilidades de recuperar a su perro o gato.
Refirió que desde el año 2012 se empezó a denunciar el robo de animales de compañía para pedir rescates o emplearlos para actividades ilícitas como las peleas de perros, sacrificios en rituales de santería, vudú y otras sectas similares, así como para utilizarlos como pie de cría, por ello son importantes las reformas a la ley ya que a los grupos delictivos les será más difícil mover y colocar el producto obtenido de manera ilícita al existir un mayor control sobre su posesión y propiedad.
En este sentido, el líder de Frecda aplaudió la ampliación de sanciones económica que pueden aplicar los Jueces Cívicos, al señalar como mínimo 50 días de salario mínimo - tres mil 364 pesos-.
José Luis Carranza detalló que la reforma a la Ley de Protección a los Animales en el Distrito Federal tiene tres puntos destacables: Establece el control obligatorio de la tenencia o posesión responsable de animales de compañía, pues es obligación registrar a los perros y gatos en el RAC y colocarles el microchip con las características del canino o felino y los datos del propietario.
En segundo lugar se ponen restricciones a su crianza y venta al prohibir su venta en lugares no autorizados o no cuenten con las instalaciones adecuadas para garantizar la seguridad de las personas y bienestar de los animales.
Y por último, se incrementan las sanciones económicas a las personas que incumplan con el RAC y aquellas que cometan actos prohibidos contra los animales, estableciendo por primera vez la figura del decomiso de animales de compañía para aquellos que ejerzan el comercio sin autorización de los mismos.