Por Guillermo Pimentel Balderas
El diputado priísta Leobardo Urbina Mosqueda afirmó que la asistencia legal de los defendidos (probables responsables de algún delito), debe ser oportuna en el marco de la profesionalización, tratando de acabar con la corrupción que se genera entre autoridades y abogados “coyotes”.
“Estamos insistiendo en que las reformas aprobadas en 2008 se apliquen, y esto implica que los abogados defensores deben contar con los estudios reconocidos por las instancias adecuadas, con cédula profesional y alguna especialidad”.
El legislador reconoció que la preparación de los abogados defensores se ha convertido en el tema principal, frente a los casos en los que por “utilizar coyotes”, las personas acusadas de algún delito, sobre la presunción de inocencia, son enviadas a prisión.
“Estamos insistiendo en que las reformas aprobadas en 2008 se apliquen, y esto implica que los abogados defensores deben contar con los estudios reconocidos por las instancias adecuadas, con cédula profesional y alguna especialidad, para que la asistencia legal de los defendidos sea oportuna en el marco de la profesionalización, tratando de acabar con la corrupción que se genera entre autoridades y abogados coyotes”.
El diputado priista recordó que en varias ocasiones se realizaron foros con el aval de la ALDF, cuyo propósito fue intensificar reformas al marco legal en el sistema penal del Distrito Federal.
“Por todos es sabido que la corrupción dificulta probar la inocencia del individuo, y evidencia las deficiencias del ministerio público, quien tiene la responsabilidad de probar la responsabilidad y el delito del probable responsable”.
En este sentido, el priista dejó en claro que los juicios orales, una vez que tomen su verdadera dimensión, terminarán con la cadena coyote-autoridades, donde la corrupción sobresale y deja al individuo a merced de falsos abogados que extorsionan a familiares y conocidos del acusado.
Recordó que presentó un proyecto de ley, para reformar diversos artículos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. “De esta forma, el ministerio público podrá exigir y comprobar que el abogado defensor cuente con cédula profesional legítima y estudios calificados para ejercer su trabajo”.
Urbina Mosqueda refirió que en el 90 por ciento de los casos de personas acusadas son condenadas, debido a que los abogados defensores carecen de los estudios y profesionalización adecuados.
“Insistiremos en agilizar los juicios orales y la profesionalización de los abogados defensores, con el fin de impulsar un sistema acusatorio que acabe con la mala praxis y la corrupción que actualmente se genera en el sistema penal en la Ciudad de México”.