Pidan lo que quieran y se quedarán esperando, porque no hay fundamentos para hacerme exigencias, mandó decir el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, a los diputados locales que le están manifestando la necesidad de que acuda a informar lo que ocurre en su perímetro.
Y es que la semana pasada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) solicitó a Monreal Ávila un informe pormenorizado sobre los presuntos actos de corrupción de los que se acusa a Herman Fernando Domínguez Lozano, director de Mercados y Vía Pública; Mario Montes Aguilera, Subdirector de Vía Pública, y Jaime Martínez Márquez, coordinador del Área de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, todos funcionarios de esa demarcación.
El diputado local Iván Texta Solís dijo que en caso de que el informe no sea satisfactorio, se solicitará la comparecencia del delegado. También se pedirá al director Jurídico y de Gobierno de esa delegación, Pedro Pablo de Antuñano Padilla, explique las acciones que realiza ante las denuncias de extorsión hechas por comerciantes del Bazar del Oro.
Comentó que el titular en Cuauhtémoc acude a diversos actos y espacios públicos acompañado de quien dice ser su Fiscal Anticorrupción, cargo que no existe en ninguna demarcación ni dependencia del gobierno de la Ciudad de México, y que es encabezado por su excompañera de bancada Zuleyma Huidobro.
“A pesar de este cargo patito, tan o más patito que las escuelas que recientemente instaló su partido, Morena, para seguir engañando a la gente y allegándose de recursos con fines político-electorales, Monreal le ha dado a su ficticia funcionaria una potestad que envidian sus propios Directores Generales, pues ningún servidor público en la Cuauhtémoc hace valer su ley como Huidobro, claro, con el consentimiento tácito y expreso del jefe delegacional”, expuso el asambleísta.
Por ello propuso investigar el posible delito de usurpación de funciones por parte de la funcionaria, así como el abuso de autoridad por la conducta del delegado; por lo que se pidió a la Contraloría General determinar las responsabilidades administrativas correspondientes por crear dentro de la estructura organizacional una nueva instancia, sin aprobación previa ni anclaje legal para hacerlo.
Además, solicitó al Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, que investigue de manera inmediata y exhaustiva los posibles actos de corrupción denunciados, y de ser procedente, actúe de conformidad con sus atribuciones e imponga las sanciones correspondientes”.
También demandó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGCDMX) realice una indagatoria del caso y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México efectuar visitas, inspecciones, evaluaciones, revisiones y, en su caso, determinar la apertura de alguna auditoría especial sobre el mismo.
Esto se derivó de la difusión de la denuncia hecha por comerciantes el 24 de febrero pasado en contra de funcionarios de la actual administración delegacional encabezada por Ricardo Monreal, en el sentido de que les son solicitadas aportaciones de hasta 500 pesos por día para poder colocarse en las calles, y que, ante cualquier negativa, son amenazados con el retiro de los permisos otorgados por la autoridad.