El Secretario para la Promoción de los Derechos e Incidencia en políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, se pronunció por la derogación definitiva de la Ley de Albergues públicos y privados para niñas y niños, publicada el 24 de mayo de 2012 y elaborar una nueva Ley de Cuidados Alternativos para la capital del país.
Durante su participación en los Talleres Rumbo a la Elaboración de la Política Integral de Atención a la Primera Infancia: Ciudad para los más Pequeños, urgió a adoptar las directrices internacionales que garanticen la erradicación y prevención de la violencia a niñas y niños sin cuidados parentales.
Explicó que niñas y niños en modalidades de cuidado alternativo fueron originalmente ubicados como ‘privados de cuidados parentales’, y que las circunstancias frecuentes de la separación de su grupo familiar son, a nivel internacional, similares a las que se aprecian a nivel nacional e incluso en el Distrito Federal.
“La muerte de uno o ambos padres, abandono por separación familiar, estrategias laborales incompatibles con los roles familiares, imposibilidad de ejercer la función por parte de los adultos, relacionado con el deterioro de las capacidades, decisiones judiciales relacionadas con maltrato, abuso y a causa de prisión de los adultos por acciones delictivas”, entre las más frecuentes.
Señaló que, a nivel nacional, las reformas constitucionales obligan a armonizar el marco jurídico interno, en el marco de la Reforma Constitucional de derechos humanos y especialmente del Interés Superior de Niñas y Niños, lo cual precisa de agendar y legislar en la materia a nivel local, el diseño institucional que posibilite el ejercicio de derechos de niñas y niños en estancias de cuidados alternativos.
Precisó la necesidad de incorporar las respectivas directrices y las recomendaciones de 2006 del Comité de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, en el marco de la Convención de los Derechos de la Infancia; así como las que se desprenden del Estudio Sobre Violencia en contra de la Infancia, que obliga a todos los Estados parte a crear planes nacionales de acción para enfrentar y erradicar la violencia en contra de niñas y niños.
Y es que, dijo, en la familia, en la calle, en los medios de comunicación y en las estancias de cuidado alternativo, sean éstas públicas o privadas, persisten diversas modalidades de violencia y maltrato en agravio de niñas y niños, que en su mayoría tienen una historia previa de pobreza y discriminación en sus entornos.
En ese sentido, adelantó que la ley que en la materia para el Distrito federal debe atender las directrices de Naciones Unidas sobre el uso apropiado y las condiciones del cuidado alternativo de niñas y niños, y con parámetros para garantizar que todas las entidades y personas implicadas tengan capacitación y experiencia, con los protocolos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Pero sobre todo, insistió, que fomente los cuidados alternativos que eviten la institucionalización masiva, sino sólo en casos excepcionales, como en los de explotación sexual, además de la existencia de un mecanismo que pueda fortalecer las capacidades de la familia para que pueda brindarle la atención al niño.
En tanto, la Directora Ejecutiva de Seguimiento de la CDHDF, Monserrat Rizo Rodríguez, señaló que la no discriminación es un derecho humano, además de que es prioridad para los Estados velar por los derechos de todas las niñas y los niños.
Tenemos como tarea pendiente enseñar a los niños a conocer sus derechos, porque si no los conocen, no podrán exigirlos ni ejercerlos: “Es fundamental la manera cómo nos dirigimos a ellos, porque la forma en que vivan su infancia marcará su futuro y la convivencia que tendrán en comunidad”.
La discriminación significa la limitación o eliminación del ejercicio de derechos y se observa sobre todo en razón de pobreza, conflictos armados, condición de discapacidad, género, raza, idioma y la deficiencia de los servicios públicos, cuando la desigualdad excluye a los niños y a sus cuidadores, al marginarlos de servicios básicos.
Las niñas y los niños, explicó Rizo Rodríguez, viven un proceso de formación y desarrollo, por lo que mantienen una relación de dependencia hacia las personas adultas, por ejemplo para procurarse alimentación y cuidados médicos.
“La violación a los derechos de las niñas y niños es poco visible: viven violencia intrafamiliar y a veces deben contribuir al ingreso familiar, además de que el desconocimiento de sus derechos, los hace más fácilmente vulnerables, como el caso de los niños de poblaciones callejeras; niñas y niños con discapacidad afrontan exclusión, son víctimas de bullying, maltrato, rechazo o abandono de su propia familia; y niñas y niños de zonas rurales, indígenas han tenido problemas para registra su nacimiento”.
Los Talleres Rumbo a la Elaboración de la Política Integral de Atención a la Primera Infancia Ciudad para los más pequeños tienen como objetivo discutir sobre los mecanismos que garanticen que los 2 millones de niños que viven en la capital tengan acceso a educación, nutrición y servicios de salud, a través de políticas públicas y de la operación de la recién aprobada la Ley de Atención Integral a la Primera Infancia.