El diputado local Alejandro Carbajal González señaló que no se pueden regatear los recursos necesarios para consolidar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, como  significativo avance del sistema penal acusatorio en el Distrito Federal, teniendo como marco los altos niveles de violencia y sobrepoblación que actualmente se viven en el interior de los reclusorios, no solamente de la Ciudad sino de todo el país.

Por ello urgió al Gobierno del Distrito Federal a destinar los 300 millones de pesos que se requieren para que esta legislación entre en operación el 19 de junio del presente año, ya que a 26 días de su entrada en vigor se necesitan tomar acciones inmediatas, pues  “si el Gobierno del Distrito Federal aporta la infraestructura necesaria, sólo se requerirían 140 millones de pesos para gasto corriente”.

El diputado Carbajal González destacó que la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F. y la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social, representan el cumplimiento cabal a la Reforma Constitucional de 2008 y la oportunidad de reorientar el sistema penitenciario hacia un modelo más eficaz de administración y procuración de justicia, que dará una mayor coordinación entre autoridades judiciales y ejecutivas que permita realmente reincorporar a quien ha cometido un delito, a la vida en sociedad.

Recalco que en un análisis del costo beneficio de dicha acción nos va a permitir despresurizar los penales de la Capital y no tener que seguir gastando en la manutención de  reos, de los cuales se tiene la previsión de al menos 20 mil solicitarían el beneficio de la prisión domiciliaria con el uso de brazalete.

Por último el Vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la ALDF dijo que asume el compromiso de hacer todo lo que esté a su alcance para que el Tribunal de Justicia del Distrito Federal cuente con los recursos suficientes para que cumpla con la aplicación de la nueva ley y el plazo constitucional.