Por Guillermo Pimentel Balderas
Los diputados locales del PRD, Esthela Damián, Daniel Ordóñez y Efraín Morales, pidieron a la ex perredista, hoy Secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, transparente la operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre y dé a conocer los lineamientos, mecanismos y parámetros de su aplicación.
En tribuna, durante la Permanente, el diputado Daniel Ordóñez dejo entrever que este año habrá elecciones en 14 entidades y que a la vez se implementara, en contra de toda lógica y práctica, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo cual consideró necesario establecer los criterios de pobreza que la Secretaría de Desarrollo Social federal ha estado utilizando.
Pues, alertó que de lo contrario, se pondrían en peligro los objetivos de los programas sociales, ya que si no se transparentan de manera eficiente, la señal que enviarán es que los mismos únicamente son creados con fines partidistas y electorales.
“En este sentido, se ha cuestionado que en los programas de combate a la pobreza y en los padrones de beneficiarios, no se incluya a las comunidades más pobres del país en la lista de los 400 municipios contemplados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre”, expuso.
Coincidió en que si bien los seleccionados son municipios con altos índices de marginación, el factor que los unifica es que se localizan en estados donde habrá elecciones, “por eso compartimos la inquietud de conformar una comisión de legisladores federales que dé seguimiento puntual al programa, a fin de inhibir y evitar su aplicación con fines electorales.
Los asambleístas, dieron a conocer su preocupación a través de un punto de acuerdo en la Permanente y en el cual se establece la necesidad de que la funcionaria federal priista atienda este requerimiento a efecto de otorgarle transparencia al programa en cuestión y permita cumplir con los objetivos para los cuales fue creado.
Además, hicieron notar que en los últimos 12 años, a raíz de los reclamos de todas las fuerzas políticas del país, se han hecho esfuerzos para que los programas implementados en materia de salud, alimentación y servicios públicos, no tengan vinculación con los procesos electorales.