Por Guillermo Pimentel Balderas

Mientras que Alejandro Piña Medina, del grupo parlamentario del PRD en la ALDF, calificó de positivo el desempeño del titular de la Contraloría General capitalino, Hiram Almeida Estrada, el PAN, en voz de Héctor Saúl Téllez, lo cuestionó por omisión de irregularidades de la línea 12 del Metro; en tanto que Jorge Gaviño, de Nueva Alianza, tacho de “inoperante” la Ley de Servidores Públicos en el Distrito Federal, pues acusó que no combate la corrupción.

Durante la comparecencia del funcionario capitalino ante el Pleno de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los perredistas se dedicaron a defenderlo al subrayar Piña Medina cifras que según “demuestran el interés de la Contraloría por dar seguimiento a acciones que han ofrecido resultados y asegurar que los servidores públicos cuenten con herramientas para desempeñar su cargo”.

Sin embargo, consideró necesario revisar algunos pendientes de trabajo por consolidar, para mejorar el ejercicio de gobierno”.

El GPPAN cuestionó duramente al Contralor por omisión de irregularidades de la Línea 12 del Metro, pues explicó que la construcción de la obra, la cual se llevó a cabo en la pasada administración, presentó violaciones directas a casi todos los preceptos legales aplicables, como la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ente otras.

Jorge Gaviño, aseguró que la Contraloría no está siendo un “dique” que combata la corrupción, pues no tiene una función preventiva, ni ayuda en los procesos y procedimientos de la Administración Pública y reiteró que Ley de Servidores Públicos en el Distrito Federal ha sido “inoperante”.

Agregó el legislador local del PRD que la Contraloría General del DF, no sólo tiene en sus manos la responsabilidad de evaluar y capacitar a la planta trabajadora, lo cual implica la valoración de miles de cargos, sino, además, entre sus labores se encuentran la  modernización e integración de las nuevas tecnologías de la información en los procesos y trámites, en la búsqueda de agilizarlos y eficientarlos, además de garantizar la legalidad e implementación de acciones, para revertir prácticas desleales y/o contra la ley.

Por tal motivo, dijo que a nombre propio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, como presidente de la Comisión de Administración Pública Local, celebró que el informe presentara cifras contundentes, las cuales demuestran el interés de la Contraloría por dar seguimiento a las acciones que han ofrecido resultados, además de resaltar la importancia y trascendencia de asegurar que los servidores públicos cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones.

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Héctor Saúl Téllez Hernández, hizo desde la tribuna, una crítica al desempeño del funcionario por los pendientes y las omisiones en diversos temas de su competencia.

“Quiero preguntarle de manera directa si ha recibido instrucciones de alguna autoridad superior para disminuir el impacto mediático, debido al cúmulo de irregularidades que se advierten en cada paso en el proceso de contratación, ejecución y ejercicio de recursos asignados, seguramente por el elevado costo que representó para los capitalinos, el cual a la fecha ya se incrementó en más de siete mil millones de pesos la Línea 12 del Metro”, señaló.

Jorge Gaviño (NA) cuestionó si la Contraloría es un dique para los famosos diezmos que todavía se otorgan en la Administración Pública, si realmente ayuda en los procesos y procedimientos de la Administración Pública, si tiene una función preventiva, si da certeza jurídica y si promueve la cultura de la legalidad.

Lo anterior, debido a que en Abril del 2012, el más reciente estudio de Transparencia Mexicana (TM) mostró que como promedio nacional, 10.3 de cada 100 trámites que hicieron los hogares mexicanos ante autoridades estatales y municipales requirieron de un soborno.

Baja California Sur resultó ser la entidad menos corrupta, con 1.8 actos de  corrupción por cada 100 trámites; y el Distrito Federal la más corrupta, con 17.9 actos de corrupción por cada 100 trámites.

De acuerdo con el Diputado Local, países que tienen menor índice de corrupción son aquellos donde se tienen más controles, donde se tiene la posibilidad de detectar los intentos de corrupción y donde realmente existen acciones en contra de la impunidad.