El diputado Alejandro López Villanueva presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF, a fin de propiciar las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos fundamentales, en el marco del principio de universalidad y justicia distributiva que rigen a la política de desarrollo social del GDF.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que en las 246 unidades territoriales de muy alta marginalidad en el DF se detectaron 25 mil 672 personas con algún tipo de discapacidad permanente, quienes padecen desigualdad, despojo y marginación, son discriminadas y sufren pobreza e ignorancia.
Menciona que del total de personas discapacitadas, el 66.5 por ciento adquirieron la discapacidad a lo largo de su vida, por accidentes a consecuencia de enfermedades o adicción o a causa del trabajo.
El legislador argumenta que prevalece todavía una falta de cultura hacia este segmento de la población por parte de la sociedad.
En el ámbito de la discapacidad, expone, la discriminación es particularmente compleja y exhibe diferentes aspectos, muchas veces tan sutiles que pudieran pasar inadvertidos para la mayoría.
Sin embargo, subraya, se trata de actos discriminatorios degradantes que se traducen en diversos tipos de barreras físicas y de restricciones de oportunidades, que limitan el pleno ejercicio de sus derechos y les impide integrarse de manera completa al desarrollo y a los beneficios derivados de éste.
Por lo anterior, la iniciativa de reforma propone que se garantice la exigibilidad del derecho a través de los instrumento de queja ante el Instituto para la Integración al desarrollo de las personas con discapacidad en el DF.
También se protegen a las personas con discapacidad permanente sin excluir a las personas con discapacidad temporal para que sean beneficiarias de los programas de gobierno del Distrito Federal en la materia.
Sostiene que la condición de adulto mayor discapacitado requiere de una atención prioritaria porque sumatoriamente tiene dos vulnerabilidades, por lo que se hace indispensable apoyarlo con su pensión universal cuando es mayor de los 68 años y mantenerle su apoyo económico como discapacitado.
La iniciativa menciona que entre los derechos fundamentales de este grupo de la población están el derecho al desarrollo personal, a la salud, a la educación, y los derechos económicos, sociales y culturales, que permitan el crecimiento de la persona en todas las facetas de su vida.
Entre las modificaciones que proponen destaca la del artículo 9 donde propone que la violación de los derechos de los discapacitados será sancionada severa e inmediatamente por las autoridades competentes, previa interposición de la queja por parte del agraviado ante el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.