Guillermo Pimentel Balderas
El diputado local de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, advirtió que los restauranteros que no otorguen agua gratuita a sus clientes, se les sancionará hasta con 125 días de salario mínimo. “La Constitución establece como un derecho humano el acceso, la disposición y el saneamiento de agua”, subrayó.
Gaviño Ambriz, dijo que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Iniciativa de Ley presentada por Nueva Alianza, en la que establece la obligación de los restaurantes otorgar de manera libre y gratuita a los clientes agua potable para su consumo, además de instalar sistemas de purificación y/o dispensadores del vital líquido. “Dicha iniciativa fue enviada al Gobierno del Distrito Federal para su correspondiente publicación”, informó.
El asambleísta explicó que con la modificación a la Ley de Establecimientos Mercantiles, se sancionará a quienes incumplan con dicha obligación con el equivalente de 25 a 125 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Jorge Gaviño, indicó que México es uno de los países con un alto índice de consumo de agua embotellada, lo que causa un detrimento económico para las personas, además de generar una mayor contaminación ambiental, por lo que es “imperante que en los establecimientos mercantiles ofrezcan calidad de agua a libre demanda”, apuntó.
El legislador, señaló que la Constitución establece como un derecho humano que toda persona tenga el acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, motivo por el cual el Estado garantizará este derecho, a través de la participación de la federación, las entidades federativas, los municipios, y la ciudadanía.
“En el marco regulatorio, se deben establecer obligaciones congruentes y políticas públicas efectivas, para garantizar el derecho establecido en la Constitución, y que se traduzcan en resultados para los ciudadanos”, indicó.
El diputado local señaló que la iniciativa de Ley fue presentada el 11 de abril del año en curso y turnada a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y Administración Pública Local.