Siendo la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal un ente obligado de la política de información pública, ésta puede transparentar temas relacionados con los sindicatos, sin afectar en ningún momento la autonomía de los mismos, señalaron los diputados locales perredistas Víctor Hugo Romo y David Razú Aznar.
Así respondieron al también perredista y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Leonel Luna Estrada, quien días antes rechazó la propuesta de dictamen con la que se pretende obligar a los sindicatos para que éstos rindan públicamente su información, al considerar que esto vulnera y trastoca su libertad y autonomía.
Ante esta posición, sus colegas y correligionarios Romo y Razú afirmaron que es necesario entender que la naturaleza de la Transparencia de la Información pública es un derecho fundamental, un derecho humano en favor del gobernado y una obligación de todo ente público.
Es decir, insistieron, la transparencia no es una prerrogativa de la autoridad ni una concesión graciosa que los entes públicos otorgamos a la sociedad, es una obligación, como lo es brindar salud, empleo o seguridad.
Por otra parte, los diputados expusieron que en ningún momento se atenta contra la autonomía de los sindicatos, como lo señala los legisladores del PRI, ya que información como: contrato colectivo, estatutos, asamblea constitutiva y mesa directiva, es información pública con la que cuenta la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el cual es un ente obligado.
Asimismo, destacaron que no se invade el ámbito federal, pues la Junta de Conciliación y Arbitraje del DF, está autorizado para registrar sindicatos, además de ser un ente obligado por la Ley de Acceso a la Información, esto está basado en los artículos 365 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 58 del Reglamento Interno de la misma Junta.
Los diputados también argumentaron que con este punto de partida se puede señalar que la rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas.
La transparencia abre la información al escrutinio público para que las personas interesadas puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla para denunciar, exigir, sancionar y proponer, esto es, impactar directamente en la vida pública del Estado.
Como representantes de la voluntad popular no podemos dejar pasar esta valiosa oportunidad de dotar de las herramientas y mecanismos necesarios para mejorar las condiciones laborales de todos y todas las trabajadoras del Distrito Federal, comentaron.
Finalmente señalaron que este paquete de reformas ha sido producto de un arduo trabajo que ataja las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil organizada, la academia, diversos órganos de gobierno y distintas filiaciones partidistas que no podemos echar por tierra. Coincidieron en que el trabajo es arduo y que es difícil romper con viejos paradigmas, pero existe una obligación de cara a la sociedad. La pregunta es: ¿estaremos a la altura de este reto? La sociedad tiene hoy los ojos puestos en nosotros, indicaron.