La diputada local Olivia Garza de los Santos solicitó al TSJDF y al Consejo de la Judicatura, entregar un informe detallado sobre los términos en que se hizo la inversión de más de 110 millones de pesos con la Sociedad Financiera Popular, FICREA.
Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, y la legisladora exhortó al Consejo de la Judicatura para que, derivado de las investigaciones de la inversión que realizó el TSJDF en la SOFIPO, se inicie un procedimiento de sanción en contra de todos y cada uno de los funcionarios responsables y se informe si el fideicomiso FICREA se encuentra en la lista autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este tipo de inversiones.
A través de un Punto de Acuerdo presentado durante la Diputación Permanente de la ALDF, Garza de los Santos enfatizó que “si bien el TSJDF reclama haber sido defraudado por FICREA, se debe explicar claramente por qué entidades gubernamentales que no debieron invertir en esa institución por ser una Sociedad Financiera Popular, por lo que tiene una prohibición expresa en la ley para captar recursos de organismos gubernamentales, del Poder Judicial, municipios, Gobierno del estado, federal e incluso organismos desconcentrados o descentralizados, se decidió invertir más de 110 millones de pesos”.
Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, destacó que FICREA ofrecía tazas de hasta 10 por ciento, por lo que es evidente que quien tomó la decisión de invertir en esta financiera con respaldo del Presidente del Tribunal, los miembros del Consejo de la Judicatura y profesionistas especializados en Finanzas o Administración debieron haber entendido que la tasa de interés que les ofrecían no era acorde al promedio del mercado y debieron invertir en una institución bancaria, como siempre se ha hecho.
Por ello -agregó-, deben esclarecer el porqué de la inversión en este tipo de sociedad así como las acciones de sanciones de quienes arriesgaron los recursos que ciudadanos implicados en juicios civiles depositaron en la Dirección General de Consignaciones como garantía de cumplimiento de sus obligaciones .
La legisladora dijo que de acuerdo con una nota publicada el pasado 9 de enero por un diario de circulación nacional, la inversión de más de 110 millones de pesos que el Tribunal Superior de Justicia del DF mantenía en la sociedad Financiera Popular FICREA era con recursos de ciudadanos implicados en juicios civiles por pensiones, custodias y arrendamientos depositados en la Dirección General de Consignaciones como garantía de que cumplen con sus obligaciones durante el proceso “ el presidente del órgano judicial reconoció que lo invertido en FICREA ni siquiera eran recursos asignados al Tribunal Superior de Justicia”.
Ante esto, la diputada blanquiazul detalló que este informe deberá incluir: de qué manera se garantizará el retorno del fondo invertido; nombres y cargos de los funcionarios responsables de la inversión y cuál fue el motivo por el que se invirtió en una sociedad con una tasa de interés muy por debajo del resto de las sociedades financieras a sabiendas de que está prohibido por ley.
Dijo que solicito el informe técnico-financiero emitido sobre la viabilidad de la inversión para su aprobación; el acta o documento oficial en el que el Consejo de la Judicatura aprueba la inversión; informe de todas y cada una de las inversiones similares realizadas en los últimos cinco años; las políticas de inversión, administración y distribución de los fondos del fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia (FAJUD), en el que el consejo de la judicatura aprobó la inversión con la sociedad financiera; e informes de todas y cada una de las inversiones financieras similares, realizadas por el FAJUD.