Rechazamos las actitudes arbitrarias e ingresos ilegales a los domicilios de las personas del gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, pues no respetan el principio constitucional de su inviolabilidad.
Así lo dijo la diputada local Maricela Contreras Julián, al exigir indemnización a las personas afectadas por el ingreso ilegal a sus domicilios en la madrugada del 11 de agosto por elementos de la PGJEM ubicados en la Delegación Tlalpan, y pidió garantías para el ejercicio pleno de sus derechos y que no se viole su seguridad.
Consideró que urge a una investigación de los hechos y sanción a los responsables de las actitudes de violación a los derechos humanos y de hechos constitutivos de delitos.
“Esto es falta de oficio político y nulo respeto hacia la soberanía de los estados, además de que deja negro precedentes de arbitrariedad y de violación de los principios constitucionales”, expresó la asambleísta.
Dijo que son las características del gobierno del Estado de México encabezado por Enrique Peña Nieto, que se hicieron patentes en la ilegal intromisión a domicilios de la delegación Tlalpan.
La legisladora del Sol Azteca recordó que la madrugada del 11 de agosto, elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México ingresaron en al menos ocho viviendas de la Delegación Tlalpan, en las colonias Torres de Padierna y Bosques del Pedregal como parte de un operativo para detener a integrantes de la delincuencia organizada, “intromisión que se presentó sin que ninguna autoridad judicial la autorizara, lo que en sí misma constituye un acto de arbitrariedad por parte de la Procuraduría mexiquense que está obligada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a respetar la inviolabilidad del domicilio, implicando una grave violación a los preceptos constitucionales y sienta un precedente negativo y preocupante de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que nos encontramos en ejercicio pleno de nuestros derechos”, señaló.
Para Contreras Julián, resulta igual de preocupante el hecho de que sea una institución de otra entidad federativa, del Estado de México, la que “con actitudes arbitrarias ingrese a domicilios del Distrito Federal, sin que exista ni el más mínimo respeto a su ámbito territorial y violando la jurisdicción de la Ciudad de México, mostrando un actuar arbitrario y de abuso de autoridad.”
La integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa precisó que “lo verdaderamente alarmante de esos sucesos que no deben presentarse en un Estado Democrático, aún cuando se quiera justificar por la lucha contra las organizaciones delictivas, es la sistemática violación de los derechos humanos de la que fueron objeto las personas que se encontraban en sus domicilios y de las actitudes prepotentes y hasta delincuenciales con la que actuaron algunos de los elementos policiacos”, por lo que urgió a una investigación de los hechos y sanción a los responsables de las actitudes de violación a los derechos humanos y de hechos constitutivos de delitos.
Maricela Contreras anunció que se presentarán un exhorto para que la Asamblea Legislativa se sume a las voces que han rechazado esos actos y se pronuncie por el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de las autoridades del gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, rechazando las actitudes arbitrarias e ingresos ilegales a los domicilios de las personas, pues no respetan el principio constitucional de su inviolabilidad.
Además de exigir la plena indemnización a las personas afectadas por el ingreso ilegal a sus domicilios en la madrugada del 11 de agosto por elementos de la PGJEM ubicados en las colonias Torres de Padierna y Bosques del Pedregal, además de otorgárseles garantías para el ejercicio pleno de sus derechos y que no se viole su seguridad; así como demandar respeto al ámbito territorial y jurisdicción de las autoridades del Distrito Federal por parte del gobierno del Estado de México y pugnar por una colaboración efectiva para garantizar el derecho a la seguridad de las personas sin que se violente su esfera de derechos fundamentales.
Finalmente, la legisladora afirmó que “el impacto de la violencia generalizada en diversos sectores es una limitante para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas lo que impide su desarrollo integral, además de la convivencia y la armonía de una sociedad con justicia y paz.”