El diputado local de Nueva Alianza, Jorge Gaviño Ambriz, revivió el caso de los Consejeros Electorales del DF, que ilegalmente se adjudicaron bonos de retiro que según sobrepasaron los 19 millones de pesos y que cobraron en enero pasado los hoy ex servidores públicos.
Luego, acompañado de varios reporteros, el diputado local presentó ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría de Justicia local, una denuncia formal por conductas presumiblemente constitutivas de delito.
Antes de que diera inicio la rueda de prensa, el aliancista Gaviño Ambriz recibió una llamada telefónica que después compartió con los reporteros para sólo decir que le habían llamado para “aconsejarle” fuera muy cauto en sus declaraciones, pero no dio nombres; solo dijo que era una persona que apreciaba mucho.
Sin embargo, este reportero soltó una pregunta directa: “Diputado Gaviño, sólo quiero que me responda si sí o no, o con la cabeza, si quien le llamó fue Manuel Granados”, a lo que de inmediato lo negó –con voz y cabeza- y se concretó a decir que “a Manuel lo aprecio mucho”.
Gaviño Ambriz entregó a los representantes de los medios de comunicación el documento que llevó al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, en especial a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, que consta de 22 hojas, en el cual expone motivos, causas y agraviantes a la ciudadanía por este presumible delito patrimonial a la ciudad.
La querella va contra “quien resulte responsable”, pero se determina que efectivamente si hay violaciones al Código Penal correspondiente con las acciones u omisiones que se señalaron, y que podrían ser ellos responsables, es decir, los ex consejeros electorales, pero principalmente el ex consejero presidente, Néstor Vargas.
La denuncia es contra quien resulte responsable por avalar los lineamientos para utilizar más de 19 millones de pesos en dichos bonos que recibieron en enero pasado los ex consejeros.
Entre la serie de adjetivos de su denuncia, Gaviño Ambriz destaco que la aprobación de los lineamientos mediante los cuales se autorizaron los bonos de retiro para los ex consejeros electorales, es un delito, debido a que se utilizaron recursos públicos de un fideicomiso conformado para liquidar pasivos laborales, contrario al uso que se le dio.
El asambleísta de Nueva Alianza indicó que también presentó la denuncia correspondiente ante la Contraloría del IEDF, para que investigue el asunto; pero, tras afirmar que tiene confianza en las instituciones, Gaviño Ambriz lamentó que a pesar de haber denunciado el mismo caso el diputado local perredista Eduardo Santillán en el mes de febrero pasado, hasta la fecha no hay alguna respuesta al respecto.
Gaviño Ambriz, subrayó que a sabiendas que los entonces Consejeros Electorales tenían pleno conocimiento de su conclusión de encargo, en virtud de que el nombramiento lleva implícito el periodo de inicio y terminación del mismo, con fechas “fatales” ordenadas en la ley, se aprobaron el mencionado bono como si fueran de estructura.
Los ex Consejeros Electorales son: Néstor Vargas Solano (se llevo, ya con impuestos retenidos: 1,727,938.29 pesos); Gustavo Anzaldo Hernández (1,256,749.59 pesos); Yolanda Columba León Manríquez (1,709,130.05 pesos); Fernando José Díaz Naranjo (1,324,561.88); Ángel Rafael Díaz Ortiz (1,129,385.03); Beatriz Claudia Zavala Pérez (1,001,414.06), y Carla Astrid Humphrey Jordán (1,287,758.64), que hacen un total de nueve millones 436 mil 938 pesos con 14 centavos. La cantidad bruta fue de 13 millones 23 mil 660 pesos con 78 centavos.
Cabe señalar que el actual Consejo General del Instituto Electoral del DF (IEDF), que encabeza Diana Talavera, solicitó al Gobierno de Miguel Ángel Mancera la cantidad de 65 millones de pesos adicionales a su presupuesto, y reconoció que las finanzas de ese organismo mejorarían si sus antecesores devolvieran sus “bonos de despedida”.
Diana Talavera, incluso, dijo que sí le convendría al IEDF contar con esos dineros –alrededor de 40 millones de pesos-, que se estima fueron aprobados como compensaciones a finales de 2012. Pero, refirió que eso lo tendrá que determinar la Contraloría del Instituto, que lleva a cabo la investigación.