La diputación permanente de la ALDF aprobó exigir al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aplicar sanciones a la Arquidiócesis Primada de México, por las declaraciones vertidas en el Semanario Católico “Desde la Fe” contra las leyes e instituciones del Gobierno del Distrito Federal.
En el punto de acuerdo promovido por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Claudia Elena Águila Torres, señalan que las declaraciones en la publicación religiosa viola flagrantemente el artículo 130 de la Carta Magna, la convivencia pacífica y la vida democrática de la Ciudad de México.
En Tribuna, la diputada perredista Águila Torres declaró que la “laicidad” no es sólo un concepto filosófico o ideológico, es más bien el principio de un movimiento político ajeno a las confesiones religiosas que favorece la organización social al margen de los valores morales de cualquier religión.
Indicó que dicho concepto aplicado a las funciones del Estado garantiza la libertad de conciencia de una sociedad, al tiempo que impide la exclusión de sectores cuyas convicciones difieran de las creencias mayoritarias.
“La Iglesia Católica mexicana pretende imponeruna visión integrista que tiende a convertir los dogmas propios en obligaciones sociales para todos, exigiendo que las leyes se amolden a sus posiciones doctrinales, a través del la coacción y el uso indebido del credo”, enfatizó.
Destacó que los avancen democráticos en materia de derechos civiles, incluidos aquellos relacionados directamente con las minorías, no pueden ser rehenes de la conciencia de quienes guardan silencio ante crímenes que lesionan su calidad moral para manifestarse como defensores de la vida.
Acusó que detrás de las declaraciones de la Arquidiócesis Primada de México en contra de las Leyes e Instituciones del Gobierno del Distrito Federal, se protegen intereses de grupo contrarios al Estado de derecho, cuyo poder se exhibe de formas escandalosas ante la mirada complaciente de quienes por mandato constitucional debieran regular sus actuaciones, hecho que pone en duda la aplicación de la Ley y enfatiza la idea de la complicidad.
Apuntó que el Artículo 130 constitucional regula las actuaciones de los ministros de culto en materia política y de proselitismo, el cual en su inciso “e” indica que “no podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni de carácter religioso, oponerse a las Leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios” por lo que se exige al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, cumpla con las obligaciones de su cargo y aplique las sanciones que correspondan en contra de la Arquidiócesis Primada de México.
Al respecto, el diputado Víctor Hugo Romo acusó a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal de solapar la violación flagrante del Artículo 130 Constitucional, por lo que se le hace un llamado respetuoso a tomar cartas en el asunto.
Añadió que la “Arquidiócesis se ha excedido de calificativos, de posiciones al llamar a no votar por un partido político, al señalar que los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron maiceados”, por lo que consideró que se debe de resguardar la libertad de expresión, pero no se debe dejar a un lado estas declaraciones que atentan contra el Estado Laico.
Asimismo, el diputado Alejandro Carbajal cuestionó el actuar de los diputados panistas quienes votaron en contra del punto de acuerdo y pidió que no “aprovechen los micrófonos y la fe que le tiene mucha gente a una iglesia religiosa al manipular su sentido de un voto, eso no puede ser”.
Agregó que se respeta la creencia religiosa de todas y todos los mexicanos pero lo que no se puede permitir es que se critique a un partido político; “no podemos estar pensando en un ámbito de intolerancia, lo que queremos es que se aplique la ley”, subrayó.