Guillermo Pimentel B.
Las 77 mil familias que laboran en los 320 mercados públicos que hay en la capital del país, están envueltos en la corrupción por parte del Gobierno capitalino que encabeza Miguel Ángel Mancera, inclusive, denunciaron que las mismas autoridades han iniciado una campaña de despojo de locales, así como la amenaza de su desaparición.
Desde la publicación, el pasado 18 de febrero, de los Lineamientos de Operación y Funcionamiento de Mercados Públicos del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pero trabajados desde 2010, ha sido para los locatarios de estos centros de abasto popular su desgracia.
Por lo antes citado, los comerciantes afectados iniciarán, en principio, en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Coyoacán –donde más se ha dado la corrupción-, una serie de movilizaciones y manifestaciones en las calles, para mantener la defensa jurídica y potencializar el cabildeo legislativo para que se revoque dichos lineamientos.
La Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social y el Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México, exigieron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, instalar una Mesa de Diálogo para dar cumplimiento al Reglamento de Mercado y revocar los lineamientos en la materia por atentar contra la economía social de estas familias capitalinas.
Edgar Álvarez y Joaquín Vela, integrantes del Frente, dijeron que se movilizarán en los próximos días en defensa de la permanencia de los mercados públicos y anunciaron que en esta semana habrá mucho ruido sobre el tema en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México A.C y miembro de la CONDES, Edgar Álvarez, sostuvo que con los lineamientos recién anunciados, a la falta de refrendo de la cédula de empadronamiento se están imponiendo sanciones que van de los 200 a los 20 mil pesos cuando este trámite no existía en el Reglamento de Mercados que data de 1951.
También, detalló, se incluyó un Sistema de Empadronamiento con duración de un año que de no atenderse se corre el riesgo de perder el local comercial y se crean los permisos administrativos para realizar “romerías” con lo que se expande la corrupción para la instalación de éstas en temporadas altas y específicas de ventas.
Edgar Álvarez, indicó que aun cuando existe un amparo en la materia por parte de un grupo de comerciantes por la inconstitucionalidad de los Lineamientos, se mantienen las acciones de despojo a los legítimos posesionarios de los locales si no cumplen con el proceso de empadronamiento.