Luego de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) emitiera el fallo que puso fin al embargo atunero impuesto por Estados Unidos a México hace 30 años, Miguel Ángel Velázquez Elizarrarás, de la Facultad de Derecho (FD), advirtió la debilidad de la parte mexicana, por lo que la producción seguirá afectada.
En sesión abierta del Seminario de Comercio Exterior, realizada en el auditorio Eduardo García Máynez de esa entidad, académicos analizaron la resolución del organismo internacional desde tres aspectos: político, jurídico y económico.
Velázquez Elizarrarás calificó de trascendente la decisión de la OMC, pero alertó sobre el entorno político y jurídico en que ocurre el desenlace. “Es una práctica de Estados Unidos no acatar las resoluciones adversas del órgano de solución de diferencias”, refirió.
Si EU no atiende la resolución, habrá “mecanismos de retorsión”, lo que significa que es probable que nuestro país tenga la posibilidad de adoptar una medida equivalente al daño causado por no remover el embargo al atún mexicano.
No obstante, el experto en comercio exterior recordó la presión que ejercen los criterios y regulaciones ambientalistas. “En este contexto, el problema con esta especie tiene un componente legítimo que no debe olvidarse: aún si la Unión Americana y su flota son responsables de la muerte de miles de delfines, México también ha contribuido a este infortunado suceso”.
Desde su perspectiva, las medidas estadounidenses para proteger su mercado con pretextos ambientalistas, emprendida hace 30 años, se fundamentaron “en una concepción de leyes extraterritoriales, rechazadas en el organismo de resolución de controversias”.
Asimismo, “la regulación protege al método de pesca más que a los delfines, con el paradójico resultado de que incluso si México ha alcanzado y superado los estándares de protección a los que aspiraba la regulación, le es negado el acceso al mercado del norte con recursos no avalados por ningún sustento científico, sino por meros formalismos e incluso en subterfugios de carácter legal”, señaló.
Según el jurista, el escenario inmediato es cumplir con los requisitos legales; sin embargo, consideró que al término de los 15 meses previstos, la parte estadounidense no adoptará una medida consonante con el acuerdo de la OMC.
“Ese gobierno, por la presión de grupos ecologistas, creará una modalidad a esas reglamentaciones y seguirá la afectación, es decir, buscarán medidas vigentes con el acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio, pero con mermas a las exportaciones del atún”.
Otro escenario posible, desde la perspectiva del académico, es que el embargo se mantenga y que México adopte el recurso jurídico de retorsión. La medida no permitirá que el recurso se exporte a Estados Unidos, porque nuestro país incrementará los aranceles a otros productos estadounidense, en proporción al perjuicio causado”.
Orlando Pérez Gárate, también integrante del Seminario de Comercio Exterior de la FD, expuso una cronología crítica del proceso iniciado a principios de los años 80, momento en que el gobierno estadounidense decretó, unilateralmente, la suspensión a las compras de atún mexicano, bajo criterios de protección a delfines que acompañan los cardúmenes.
La historia documentó las inconformidades de México en el GATT (siglas en inglés del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) hasta las condiciones actuales de competencia.