¿Grito en el desierto legislativo?
Académicos solicitaron al Senado de la República emprender reformas a la Constitución Política, así como al anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de modificar o eliminar artículos que criminalizan la pobreza y obstruyen la reinserción social.
Durante la presentación del libro “Vulnerabilidad y Silencio. El Impacto Carcelario en las Familias Penitenciarias”, los especialistas destacaron que, de no establecerse políticas públicas que atiendan la falta de oportunidades para los familiares de los internos, no será posible acabar con el círculo de violencia en el país.
La autora del libro, investigadora Patricia Liliana Cerda Pérez, sostuvo que existe un “silencio institucional” en torno al problema de las familias de las personas privadas de su libertad, que cancela cualquier oportunidad de un óptimo desarrollo social y económico.
A ello se suman los “oídos sordos” de la sociedad, que por “comodidad colectiva” no aborda el drama que viven estas familias, que también guardan silencio a fin de evitar ser señaladas socialmente y esto cause, por ejemplo, su despido en los centros de trabajo, enfatizó la también galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 2014.
Bajo esta perspectiva, lamentó que existan “ocurrencias” de soluciones políticas que dan prioridad a la justicia penal y proponen mayores penas, lo cual sofoca la justicia social; por ello no es posible la reconstrucción del tejido social y poner fin al círculo vicioso de violencia.
Propuso que el Congreso atienda las investigaciones científicas que se realizan sobre la situación penitenciaria en el país y sus repercusiones sociales, a fin de contar con un diagnóstico sobre las reformas necesarias que permitan la efectiva reinserción de los reclusos, como parte de la reconstrucción del tejido social.
En lo anterior coincidió Miguel Sarre Iguíniz, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM): “Ojalá hubiera la posibilidad en esta 63 Legislatura de emprender la gran reforma al artículo 18, donde se asume que quien delinque, es pobre”.
Explicó que el sesgo discriminatorio en dicho artículo es porque refiere que los internos “necesitarán educación, trabajo, capacitación para trabajo. Entonces el imaginario del Constituyente es que existen carencias; entonces qué ¿los de saco y corbata no podemos delinquir?”.
Indicó también que se debe revisar el anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, donde el artículo 205 va en dirección correcta al señalar que la autoridad penitenciaria, a través de instituciones público-privadas, creará redes de apoyo post penitenciario, a fin de facilitar la reinserción social de los liberados.
“Pero existe un parche en el artículo 9 que dice los sentenciados en libertad condicional, tendrán obligaciones: permitir visitas de identificación de sus datos por supervisores de libertad, a fin de verificar que su entorno social permite la reinserción”; esto no debiera quedar así, pues habla de vigilancia a quien ya cumplió su proceso, cuando estos recursos debieran aplicarse a programas sociales, concluyó.
En la presentación participaron José Luis Gabriel Contreras Aguirre y Saskia Niño de Rivera Cover, de la organización Re-inserta, quienes dieron testimonio de las acciones desde la sociedad civil, en apoyo a las personas en proceso de liberación o liberadas, y a sus familias.