El monto de deuda que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha acumulado en los primeros tres años de su administración, representa la construcción de una crisis financiera que pondrá en riesgo las finanzas del país, alertaron senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En el marco de la aprobación del Poder Legislativo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, los legisladores blanquiazules consideraron necesario que el Gobierno federal lleve a cabo acciones que blinden las finanzas públicas y eviten el uso irresponsable e imprudente de la contratación de deuda pública.
Es preciso evitar que la deuda pública siga creciendo sin orden y objetivos claros, y que a partir del próximo año su contratación sea transparente y se rindan cuentas claras a los mexicanos, por ello, el Ejecutivo debe actuar con responsabilidad, indicaron.
En ese sentido, el senador Daniel Ávila Ruiz, señaló que a pesar de que la deuda es una herramienta útil para mejorar la economía de los mexicanos, el endeudamiento acumulando en los primeros tres años de la actual administración, no sólo representa un riesgo, sino que coloca a México ante la construcción de una crisis financiera que va a afectar a las próximas generaciones.
Ávila Ruiz subrayó que con el déficit de 1 por ciento propuesto para 2015 por Peña Nieto, la deuda interna de los mexicanos se incrementará 595 mil millones de pesos, en tanto que la externa sumará 6 mil millones de dólares.
Por su parte, el senador Víctor Hermosillo y Celada, consideró necesario establecer prácticas institucionales para blindar el proceso de suscripción de deuda pública, ya que la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas no puede dejarse al criterio personal de algunos.
“No podemos endeudarnos sin estar midiendo las consecuencias, pues el buen manejo del endeudamiento público debe ser una prioridad nacional que trascienda las administraciones”, aseveró.
Es indispensable, dijo, para promover la responsabilidad hacendaria y velar por el buen manejo de los recursos públicos, así como las repercusiones económicas que estos tienen en la sociedad mexicana.
“Si el crecimiento de ingresos de la economía es menor al esperado, es pertinente cuestionar que el gobierno debería endeudarse en la misma magnitud que se consideró cuando se esperaba un crecimiento mayor; si los ingresos públicos son mayores, también es razonable cuestionar si se mantiene la misma necesidad de endeudarse. O sea, hay que ir cuidado, en el año, cómo está moviéndose la economía y las finanzas nacionales en función a los empréstitos que queremos hacer”, señaló Hermosillo y Celada.
En su oportunidad, la senadora Pilar Ortega Martínez dijo que un endeudamiento público responsable pudiera ser un instrumento útil para cubrir parte de las necesidades de gasto de los distintos órdenes de gobierno.
Sin embargo, agregó, la propuesta de Ley de Ingresos en los términos en que fue construida por el Ejecutivo, deja latente el peligro de un uso imprudente e irresponsable de los recursos obtenidos por esta vía, mencionó.
Ante ello, su compañera de bancada Laura Rojas Hernández resaltó la necesidad de que el manejo de la deuda tenga un mayor control y no se opere de manera tal que los mexicanos no sepamos cómo se hace.
Rojas Hernández subrayó que el origen de los recursos por deuda pública deben transparentarse, ya que actualmente el 95 por ciento de los recursos obtenidos a través de lo que la ley denomina en su artículo primero como “aprovechamientos”, se etiquetan con el rubro de “otros”, lo que impide conocer las fuentes de origen de los mismos.
La legisladora por el Estado de México recordó que la mitad de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del que México forma parte, tienen establecidos en sus finanzas internas como una buena práctica de transparencia y rendición de cuentas, la publicación de una metodología con la que se observa el origen y manejo de los ingresos económicos, así como la existencia de un comité técnico de especialistas honorario e independiente, que se encargan de transparentar los cálculos macroeconómicos de la nación de que se trate, y de promover una mayor responsabilidad en los funcionarios encargados de las finanzas.