La diputada federal Graciela Saldaña Fraire advirtió que la reciente reforma en materia energética implica riesgos al ambiente y a los recursos naturales, que deben ser limitados con disposiciones específicas en la legislación en la materia.
Sostuvo que los bosques mexicanos son vulnerables a múltiples políticas públicas orientadas al cambio del uso del suelo forestal para la práctica de la minería, la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano.
Expuso que la reforma en materia de energía pone en riesgo el suelo forestal mexicano, además de que se agudizará la desigualdad de oportunidades entre los productores forestales y otras actividades económicas e industriales, y pondrá en riesgo grandes extensiones de ecosistemas.
Saldaña Fraire indicó que se requiere reformar los artículos 2 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de que se garantice que la voz de los propietarios de los bosques, sus usuarios y los interesados en su conservación, sea escuchada, al momento de definir un cambio de uso de suelo forestal.
La propuesta, enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, plantea que en todo cambio de uso de suelo forestal, se realice una consulta pública libre e informada entre sus habitantes.
La diputada subrayó que con esta reforma se lograría respetar el derecho al uso y disfrute de los recursos forestales por parte de sus habitantes que, en su mayoría, integran comunidades indígenas.
Detalló que en todo cambio de uso del suelo en terrenos forestales, deberán ser notificados todos los propietarios de los predios involucrados y adyacentes, además de publicar en la gaceta ecológica y en medios de difusión locales, así como en las oficinas de la presidencia municipal en la que se ubique dicho predio, los términos del proceso de consulta que se llevará a cabo.
Los resultados de dichas consultas serán vinculantes en los casos en que los interesados manifiesten, por mayoría simple, su negativa.
En caso de que el polígono al que se solicite el cambio de uso de suelo se ubique dentro de una comunidad indígena o ejido, bastará con que el acta de asamblea correspondiente manifieste su aceptación o rechazo para que proceda la autorización al cambio de uso de suelo forestal o no.
De igual manera, la reforma busca que no se otorgue la autorización de cambio de uso de suelo forestal en terrenos que se encuentren dentro de un área con aprovechamiento forestal vigente o que reciba pago por servicios ambientales o que se encuentre dentro de un área natural protegida o zona de conservación establecida en el ordenamiento forestal, ecológico o comunitario correspondiente.
Graciela Saldaña dijo que de aprobarse esta reforma, no sólo se velaría por los derechos de las comunidades indígenas, sino por la riqueza del ecosistema de nuestro país.