Los senadores de Acción Nacional nos manifestamos sumamente preocupados por la radicalización de las manifestaciones que se han registrado en distintas entidades del país, pues el nivel de violencia, el vandalismo con el que se actúa y la afectación tanto a inmuebles como al derecho de terceros alertan sobre una pérdida de gobernabilidad que debe ser atendida con prontitud por los distintos niveles de gobierno.
Es imperante que se recupere el Estado de derecho y por ello externamos nuestra urgencia para que el gobierno, en sus distintos ámbitos de responsabilidad, actúe con los recursos que le otorga la ley, pero siempre con pleno respeto a los derechos humanos de quienes manifiestan su inconformidad.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional consideramos que se debe actuar de inmediato para impedir que comience a dispersarse el sentido de falta de gobernabilidad que se observa ya en entidades como Guerrero y Michoacán.
El Estado mexicano no puede ser omiso en su actuación ante la violencia y el vandalismo que se han presentado en las últimas semanas, pues esto sólo genera impunidad y un ánimo de triunfo entre quienes le apuestan a la violación de la ley como un medio para alcanzar sus objetivos.
Los senadores del PAN también expresamos que por más justas que puedan resultar las demandas de los manifestantes, la desestabilización y la confrontación no traerán como resultado la mejora de condiciones de vida, educación o trabajo.
Está claro que los signos de ingobernabilidad que se observan no le hacen bien a nadie y la violencia resulta la forma más irracional de mantener privilegios o hacer prevalecer intereses.
Al respecto, el coordinador de los senadores del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, dijo que el Estado mexicano debe velar para que todos los ciudadanos tengamos seguridad, acceso a la justicia e igualdad de oportunidades, pero nadie puede exigir con actos vandálicos un trato preferencial.
“Ante las diferencias o la inconformidad, el diálogo siempre debe estar vigente, como también deben estarlo la aplicación de la ley y la preservación del Estado de derecho”, dijo Cordero Arroyo.
Subrayó que los distintos niveles de gobierno deben tomar medidas efectivas para desactivar aquellas expresiones que claramente han llevado a la radicalización de las protestas y a la violencia, y expuso que ante la generalización de actos vandálicos, la actuación de gobierno y la aplicación de la ley no pueden responder a cálculos políticos.
Agregó que los signos de ingobernabilidad no afectan sólo a un funcionario o a una autoridad; debilitan al país, a las instituciones y a los mexicanos en su conjunto, por lo que no deben quedar impunes los delitos que se han registrado durante las recientes protestas.