La política de conciliación -los acuerdos, el diálogo y la concertación-, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, ha beneficiado a México, tras años de gobiernos ocurrentes que demoraron la toma de decisiones políticas fundamentales. Esto se tradujo en inestabilidad social y falta de crecimiento, afirmó la diputada federal priísta Adriana Fuentes Téllez.
“La actual legislatura ha hecho historia en el Congreso de la Unión, al haber aprobado el mayor número de reformas estructurales”, afirmó Fuentes Téllez, vicecoordinadora del sector empresarial.
Señaló que el 11 de agosto de 2014 será una fecha tan importante como aquél 18 de marzo de 1938, al entrar en vigor la promulgación de nueve nuevas leyes y 12 modificaciones para sustentar la Reforma energética.
Precisó que “el propósito de las reformas es abatir la desigualdad en el menor tiempo posible; propiciar la mayor distribución de la riqueza; abatir los niveles de pobreza en el país; crear mayores y mejores oportunidades para millones de jóvenes; evitar la fuga de talentos que le cuestan a México; impulsar las economías regionales y sentar las bases sociales, jurídicas y económicas que abatan la violencia en todas sus formas”.
Ahora, precisó “se abre la puerta a inversiones privadas y a nuevas tecnologías para acceder a explotación en aguas profundas y yacimientos no convencionales.
Se modifica el régimen de propiedad para que las empresas puedan acceder a predios en cuyo subsuelo se hallen recursos de hidrocarburos; modifica el régimen fiscal de PEMEX para disminuir su base gravable a fin de liberarle recursos para reinversión; simplifica el pago de derechos; constituye el Fondo Mexicano del Petróleo para administrar la renta petrolera, y convierte el pasivo laboral de estas dos compañías en deuda soberana para incrementar su competitividad descargándola de los fatigosos compromisos del pasado”.
Reafirmó que dicha reforma preserva y asegura la propiedad de la nación sobre las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los hidrocarburos en el subsuelo y la renta petrolera, tal como lo confirma la asignación de campos de explotación de la Secretaría de Energía a Petróleos Mexicanos.
Y esto ha sido posible, dijo la legisladora, debido a que por encima de las diferencias ideológicas y políticas que son legítimas y que dan sustento a la democracia, hay una unidad de la mayoría en el Congreso para sacar adelante al país. “Por lo menos hasta ahora, antes de las elecciones intermedias del 2015”.
Manifestó que “ya no era posible continuar posponiendo la conveniencia del país, por intereses de grupo o ideologías que no alimentan a la gente.
El mediocre crecimiento que hemos tenido en México fue a causa de la postergación de acciones para dinamizar los sectores que hoy empujan las economías en el mundo: la energía y la tecnología; la ciencia y la educación”, señaló.
Cuestionada sobre los señalamientos de la oposición en el sentido de que las reformas traerán aparejada la corrupción y connivencia de funcionarios públicos con empresarios o compañías trasnacionales, rechazó estas aseveraciones y señaló que hay candados previstos para que esto no ocurra.
Entrevistada en la Cámara de Diputados, recordó que ahora los sindicatos, las Cámaras del Congreso, los gobiernos federal, de los estados y municipios, así como los partidos políticos, están ya obligados a informar el destino de cada peso del erario público, gracias a las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política que en materia de Transparencia fueron aprobadas en noviembre del año pasado.
Con ello, precisó, “se garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos”.
No hay pretexto, dijo Fuentes Téllez, para que ninguna entidad que reciba dinero del erario público, oculte la información cuando ésta le sea requerida.
Precisó que todas las operaciones entre funcionarios y particulares son objeto de una estricta supervisión. “Y en todo caso están previstas sanciones y penas muy duras para quien o quienes, de un lado u otro, incurran en actos de corrupción”.
Finalmente, señaló que se alistan en la Cámara de Diputados para el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde se analizará el segundo informe de gobierno del presidente Peña Nieto, se verá la glosa del mismo y además se recibirá la propuesta del presupuesto 2015, “que como ha dicho el propio titular Ejecutivo Federal, habrá más recursos para atender los aspectos sociales y jalar el desarrollo económico del país”.