*Dicen senadores
La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado avaló la creación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.
Aunque se modificó la propuesta original enviada por el presidente Felipe Calderón en agosto de 2010, los legisladores azules apoyaron la creación de una unidad especializada en análisis financiero en contra de la delincuencia organizada, para que dependa de la Procuraduría Federal de la República con el auxilio de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y la de Seguridad Pública.
Una obligación de la PGR a través de la unidad que se estableció en la discusión en lo particular de diversos artículos, será la de enviar un reporte mensual al Congreso que refleje estadísticamente el resultado de la aplicación de esta ley.
Después de una larga discusión al seno de las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, los senadores determinaron que esta unidad especializada tendrá el carácter de Ministerio Público de la Federación.
Los panistas asistentes a la reunión también respaldaron que en la ley aprobada en lo general se precisen como actividades vulnerables los juegos con apuestas, emisión de tarjetas de servicio o crédito, cheques de viajero, préstamos sin garantía, venta y construcción de viviendas, comercio de joyas, automóviles, obras de arte, subastas, blindaje de autos, traslado de valores y entidades financieras.El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, afirmó que la Ley es trascendente, porque se combate directamente la fuente de financiamiento del crimen organizado, aunque falta reformar la Miscelánea Penal para establecer sanciones y tipos, pero se concreta una persecución eficaz y efectiva.
Al hablar a favor del dictamen, el senador Fernando Elizondo Barragán aseguró que con la ley México no se convierte en un estado policíaco y sí se coloca al país a la par de naciones como España, Inglaterra o Estados Unidos y se responde a una circunstancia que enfrenta el país actualmente, haciendo equilibrio entre libertad y seguridad.
Esta ley, agregó el legislador por Nuevo León, responde a un reclamo de quienes critican el combate al crimen organizado, que le han dicho al gobierno que en lugar de causar violencia debería atacar las bases económicas de los delincuentes para privarlos de fuerza y después enfrentarlos.
En ese sentido, indicó el senador, se busca perseguir este delito en todo el territorio nacional y extiende sus redes hacia el extranjero, en coordinación con banqueros, casas de juego, empresarios, profesionales independientes, sin que ello ponga en riesgo su integridad.
Durante su intervención, el senador panista Ricardo García Cervantes dijo que la unidad especializada deberá centralizar la necesidad de información en materia financiera y contable para permitir a la autoridad correspondiente integrar las averiguaciones previas y expedientes con el sustento necesario.
En ese sentido, comentó que es necesario que las cantidades de dinero que se introducen al sistema financiero se deben detectar e integrar en una averiguación para consignar, llevar ante el juez y que éste encuentre una causa sólida, la oportunidad de meter, por un lado, a la cárcel al delincuente y, por otro, de que el Estado pueda hacerse de los recursos que son del crimen organizado para usarlos en su contra.
García Cervantes aseguró que se trata de dotar al país de órganos técnicos especializados para combatir las ganancias del crimen organizado. “Se trata de que en este país haya inteligencia financiera que una vez que detecta indicios o elementos, dedique personal para la detección, persecución y castigo”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, cuestionó cómo se va a castigar al que cometa actos de corrupción “inventándole a cualquier ciudadano supuestas operaciones ilegales de cualquier tipo”. Además preguntó cómo se castigará la omisión de la autoridad que no aplique la nueva ley.
Por último, el senador Santiago Creel Miranda consideró que con la discusión y aprobación del dictamen se crea una de las leyes más importantes que complementan el esfuerzo que se realiza para combatir al crimen organizado, concretamente su economía.