La eventual alianza entre Iusacell y Televisa, que se encuentra en la mesa de la Comisión Federal de Competencia (CFC) para ser resuelta por el Pleno antimonopolios, constituye un riesgo para la competencia, la calidad y la diversidad de la comunicación y las telecomunicaciones en nuestro país, de por sí afectadas por niveles altísimos de concentración en la propiedad mediática que pone en riesgo el debate democrático en nuestro país.
Esta asociación se produce meses después de que Televisa, junto con Nextel, ganara un bloque del espectro de 30 Mhz a precio de ganga (180 millones de pesos) en la llamada Licitación 21, cuyas irregularidades aún no han sido resueltas. No obstante los esfuerzos gubernamentales y las bases de esa licitación que fueron diseñadas para beneficiar al consorcio Televisa-Nextel, la televisora rompió el acuerdo y ahora busca establecer otro con Iusacell, también en el segmento de la telefonía móvil, aun peor que el anterior porque ahora la alianza TV Azteca-Televisa conformaría un monopolio comunicacional que no sólo repercutiría en los mercados televisivo y celular, sino también en el publicitario y de provisión de señales de televisión restringida, entre otros, además del consabido poder político e influencia crecientes que tendrían.
La adquisición por mil 600 millones de dólares del 50 por ciento de la empresa de telefonía celular Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, constituye en los hechos la fusión de las dos principales empresas de televisión y producción de contenidos audiovisuales. Esa alianza, a todas luces perjudicial para promover la diversidad cultural y de contenidos que demanda una nación democrática y multicultural, resulta contra natura, porque en ningún país se ha visto que las dos únicas empresas que compiten en el mercado de la televisión abierta, se alíen para distribuir a través de una misma plataforma, en este caso la telefonía celular, los contenidos y servicios que, se supone, producen, distribuyen y comercializan en un mercado competitivo.
Beneficiándose de las ventajas tecnológicas que provee el proceso de digitalización y la convergencia de servicios y plataformas (la posibilidad de difundir contenidos y servicios a través de todos los medios disponibles: radio, televisión, Internet y ahora dispositivos inalámbricos), pero sobre todo de los vacíos legislativos y regulatorios de la autoridad, la fusión de las televisoras a través de la telefónica Iusacell significa la mayor concentración de recursos comunicacionales y más pérdida de opciones para los usuarios y consumidores de estos servicios.
A lo anterior hay que sumar el grosero potencial que en términos de concentración representa la multiprogramación dentro de la política de Televisión Digital Terrestre, como se pudo constatar durante la comparecencia de este 11 de octubre en la Cámara de Diputados del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. Esta fusión representa uno de los mayores retrocesos en materia de competencia.
Los mismos deplorables contenidos que hoy se transmiten a través de la pantalla de Televisa y TV Azteca, así como de las señales codificadas de televisión por cable, satelital y fibra óptica de Azcárraga Jean y Salinas Pliego (TVI, Cablevisión, Cablemás, Sky, de Televisa, y TotalPlay, de TV Azteca) serán difundidos mediante dispositivos móviles. Este escenario no garantiza la pluralidad de voces y de alternativas informativas y comunicacionales. Sin mencionar la presencia e integración vertical de ambos conglomerados en otras industrias como la radiofónica, discográfica-musical, editorial, cinematográfica, publicitaria y de entretenimiento en las cuales participan en mayor o menor medida, cuyos contenidos llegarán a sus audiencias a través del teléfono celular. El problema no radica en aprovechar las ventajas que genera la convergencia, la digitalización y las nuevas tecnologías, sino en los obstáculos para promover la sana competencia en el sector de las telecomunicaciones en México.
Al hacer la revisión del caso, la CFC debiera valorar no sólo las condiciones del mercado de la telefonía móvil, sino también los enormes recursos con los cuales ya cuentan ambas empresas, consideradas como grupos de interés. Conociendo el afán de lucro y la vocación mercantilista de Televisa y TV Azteca, así como la lógica de las economías de alcance y de red propias de las telecomunicaciones, sería ingenuo por parte de la autoridad suponer que la alianza en el mercado de la telefonía celular no traería consigo colusiones y acuerdos comerciales en otros segmentos, como el televisivo y el publicitario.
Ambas empresas acaparan 62 por ciento de todos los canales, equivalentes al 96 por ciento de todas las concesiones con fines de lucro. No obstante, y sin mediar contraprestación alguna para el Estado, la autoridad le ha autorizado al duopolio televisivo 91 canales espejo para la transmisión de señales de Televisión Digital Terrestre. Ese acaparamiento del espectro radioeléctrico impide técnicamente la posibilidad de que nuevos operadores se sumen a la oferta de contenidos, porque el espectro es un recurso finito que sólo puede ser explotado por quienes lo acumulan. Además de la reproducción de señales a través de los 6 Mhz en cada canal que ya poseen, Iusacell-Televisa tendrían el espectro asignado para telefonía móvil para proveer los mismos contenidos que ya inundan la pantalla comercial. Adicionalmente, Televisa ha sido favorecida por el gobierno y se le ha permitido la compra de sistemas de televisión por cable regionales, al grado de que actualmente concentra 50 por ciento de la televisión restringida en México. Por si fuera poco, en alianza con Telefónica de España y Megacable, la televisora se adjudicó dos hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad a precio módico, situación que le permite transportar datos. Todo ese espectro y redes públicas de telecomunicaciones se sumarían a las frecuencias de Iusacell para distribuir contenidos.
Sería un error del organismo antimonopolios considerar que el espectro radioeléctrico asignado para servicios de telefonía celular, banda ancha móvil o televisión sólo sirve para ofrecer esos servicios aislados, sin considerar los avances tecnológicos, la digitalización, el empaquetamiento de servicios y las sinergias que establecerían ambos operadores. La fusión de ambas empresas no traería consigo diversidad de contenidos y tarifas más reducidas, porque Iusacell es un operador de nicho que sólo atiende a usuarios de alto poder adquisitivo en zonas urbanas, o bien en mercados residenciales donde actualmente operan los sistemas de televisión por cable de Televisa. La adquisición del 50 por ciento de Iusacell tampoco asegura mayor inversión y penetración de servicios de telecomunicaciones, porque la transacción por mil 600 millones de dólares está destinada al pago de deuda de acreedores y accionistas. La inversión no estaría destinada a ampliar la red de Iusacell sino a proveer servicios convergentes a sus mismos clientes, así como a la adquisición de dispositivos tecnológicos que soporten la red 3G y 4G de la telefónica, los cuales se venderían a precio elevado. No existen, por lo tanto, beneficios reales para los usuarios alejados de los mercados rentables que explota Iusacell.
El organismo presidido por Eduardo Pérez Motta, en colaboración con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), tendría que considerar un análisis serio del uso eficiente del espectro radioeléctrico por parte de Iusacell-Unefón (la otra empresa de telefonía móvil que posee el Grupo Salinas). Un operador que tiene presencia en 90 por ciento del territorio y una red móvil avanzada, sólo tiene 4.59 por ciento del mercado y congrega poco más de cuatro millones de usuarios. Es evidente que el uso del espectro ha sido ineficiente. Ante un préstamo que le hiciera el banco Inbursa a Ricardo Salinas Pliego, éste realizó el pago en especie con fragmentos del espectro a la empresa Telcel, viéndose afectado el servicio público para los clientes de Iusacell, así como las condiciones del título de concesión.
Previo a cualquier autorización por parte de la CFC, el organismo debe evaluar y ponderar las docenas de infracciones anuales a la Ley Federal de Radio y Televisión y las multas que ha impuesto tanto a Televisa y TV Azteca la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación. Empresas que sistemáticamente violan la legislación en la materia no debería permitírseles una asociación que traería aún más transgresiones. Esas mismas infracciones debieran constar en los expedientes de las televisoras cuando pretendan participar en nuevos procesos de licitación.
Por todo lo anterior, desde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) exigimos de la CFC, la Cofetel y RTC un trabajo conjunto y una evaluación seria y a profundidad de las consecuencias que para la competencia y la diversidad traería consigo la alianza Iusacell-Televisa. Los tiempos electorales que se avecinan no debieran ser impedimento para cumplir con la legislación antimonopolio y evitar una concentración aún mayor de recursos y espacios de comunicación. El rechazo a esa asociación entre Iusacell-Televisa por parte de la autoridad debiera venir acompañada de la aprobación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, presentada en abril de 2010 en ambas cámaras del Congreso de la Unión por varios partidos, y que incluye –entre otros temas– restricciones precisas a la concentración de medios. Exhortamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito de sus atribuciones, a cumplir con su deber y fomentar un sistema de medios plural, diverso y competitivo.
México, D. F. 12 octubre de 2011.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) A. C.
Lic. Aleida Calleja
Presidenta
Dr. Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
Comité Directivo
Jorge Enrique Bravo Torres Coto, Comité Editorial; Daniel Contreras Henry, Comité de Enlace Institucional; Sergio Octavio Contreras Padilla, presidente del Capítulo Zacatecas; Daniel Giménez Cacho; Comité de Vinculación Social; Rafael Gustavo Hernández García Cano, presidente del Capítulo Puebla; Juan Sebastián Larrosa, presidente del Capítulo Jalisco; Magdalena López Rocha, presidenta del Capítulo Oaxaca; José Luis Muñoz Pérez, presidente del Capítulo Chihuahua; Miguel Pulido, Comité Jurídico; Laura Salas, Comité de Difusión; Beatriz Solís, Comité de Relaciones Internacionales; Gabriel Sosa Plata, Comité Académico; Aimée Vega Montiel, Directora.