El 9 de septiembre, hacia las nueve y media de la mañana, Fray Tomás González recibió una llamada telefónica en su parroquia de Tenosique, México.
El autor dijo que llamaba desde la prisión local y se identificó como familiar de un agente del Instituto Nacional de Migración (INM). Dijo que quería saber por qué Fray Tomás González había causado tanto daño a sus familiares, a causa de una denuncia presentada por el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta (CDHU). Luego amenazó a Fray Tomás González diciendo: “algo te va a pasar”, y a continuación colgó.
El CDHU, fundado por Fray Tomás González, ha hecho recientemente campaña por la justicia en casos de migrantes secuestrados en México, y también ha presentado denuncias formales contra agentes del INM por presuntos abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Además, tanto el CDHU como el albergue para migrantes, dirigido por Fray Tomás González, han desempeñado un importante papel en la ayuda a los miembros de una comunidad desplazada guatemalteca que han buscado refugio en México.
A otra activista que trabaja en el albergue la advirtieron de forma no oficial de que abandonara ese trabajo, después de haber sido fotografiada recientemente mientras participaba en una reunión celebrada entre el CDHU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para tratar sobre medidas de protección para defensores y defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional siente preocupación porque las medidas de protección acordadas anteriormente con las autoridades, como patrullas policiales cerca del albergue, no se han puesto en práctica.
•Expresando preocupación por la seguridad de Fray Tomás González, otros defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en el albergue para migrantes La 72, en Tenosique, y el personal del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta;
•Pidiendo que se apliquen inmediatamente medidas de protección, tales como patrullas policiales, de estricta conformidad con los deseos de las personas en peligro;
•Pidiendo a las autoridades que investiguen de forma exhaustiva e imparcial las amenazas y la intimidación contra Fray Tomás González, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
•Recordando a las autoridades que tienen la obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo legítimo sin temor a represalias, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.