La Cámara de Senadores analiza una propuesta de la bancada del PRD que tiene como objetivo incorporar en la Carta Magna la protección a toda persona que en lo individual o colectivamente, promueva y procure la protección de los derechos humanos.
Esta iniciativa surgió luego de que han salido a la luz pública una serie de agresiones contra los defensores de las garantías fundamentales en México.
Esta propuesta contempla reformar el apartado B del artículo 102 constitucional, para establecer que la Federación, estados, Distrito Federal y municipios deben garantizar que los defensores de derechos humanos y sus organizaciones realicen su trabajo en un ambiente libre, transparente y abierto.
Al respecto, el senador Rubén Velázquez comentó que las aportaciones que hacen los defensores de los derechos humanos con su actividad son cuantiosas y de gran valor para el fortalecimiento de la democracia, ya que en su encomienda de proteger a las víctimas “luchan contra la impunidad y la corrupción, dan voz a los que no la tienen o fueron callados, generan espacios de diálogo y obligan a las autoridades a la rendición de cuentas”.
“Instaurar el derecho que tiene toda persona para promover la realización de los derechos humanos a rango constitucional rompe con la situación actual de dejar a los defensores de los derechos humanos en un contexto de indefensión y desprotección”.
Por tal motivo, el legislador chiapaneco consideró que el Estado mexicano “está obligado a garantizar las condiciones mínimas de seguridad para que los defensores de los derechos no tengan obstáculos o impedimentos para realizar su labor”.
Indicó que en el informe más reciente de Amnistía Internacional (AI) titulado Exigiendo Justicia y Dignidad, Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en México, de 2007 a 2009 destacan más de 15 casos serios de amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, de los cuales, 6 son asesinatos y los demás encarcelamientos injustos, presos de conciencia y detenciones arbitrarias por las autoridades.
Agregó que de acuerdo a dicho informe de AI las entidades federativas que presentan mayor incidencia de ataques contra defensores de derechos humanos son Oaxaca, DF, Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco.