La aprobación y promulgación de la nueva Ley de Migración no agota el trabajo para garantizar los derechos de los migrantes ni establecer una política de Estado en la materia.
Lo anterior fue señalado por senadores, funcionarios y especialistas que participaron en el seminario La Reforma Migratoria de México en su Perspectiva Internacional, organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, que encabeza el senador del PRI Carlos Jiménez Macías.
En el encuentro, el senador Humberto Andrade Quezada afirmó que “la propia Ley no fija la política migratoria ni es por definición un instrumento para frenar o estimular la migración”.
Es sólo una regulación --precisó-- para enfrentar un problema “sensible” y su aprobación no significa que se haya concluido el tema, ya que hace falta el reglamento para darle sentido y visión a la política pública que se pretende.
Además, para el presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado se requiere socializar la Ley a nivel internacional, a fin de “darle congruencia a las peticiones y observaciones que hacemos a otros países sobre sus propias determinaciones migratorias”.
El fenómeno, destacó, no es exclusivo de México, Centroamérica o Estados Unidos, pues en el mundo existen alrededor 260 millones de migrantes regulares o irregulares y “hay incapacidad de muchos Estados para la renovación poblacional que provoca que se requiera fuerza de trabajo exterior”.
“Si lo que pretendemos es una responsabilidad de Estado --en cualquier país-- debemos preguntarnos qué va a suceder cuando los flujos migratorios no logren llegar a su destino final y qué pasará con las poblaciones donde se asienten, como individuos y sujetos de derechos”, advirtió.
En tanto, el senador perredista Jesús Garibay García coincidió en que el nuevo ordenamiento “puede ser una ley espejo” en el mundo y representa “una oportunidad” para que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá legislen al respecto, bajo su propia soberanía, procedimientos legislativos, desarrollo económico y visión de futuro.
Manifestó que aún se requiere presupuesto, reglamento y reglas de operación para complementarla.
Sin embargo, consideró que la nueva ley como tal “no es la solución mágica para este país ni para los migrantes del mundo, pero sí es algo que ya tenemos”.
Falta mucho por hacer --dijo-- pero lo importante es que “dimos el primer paso y esperamos que sea positivo y que cada día lo podamos enriquecer más por el bien de todo ser humano que esté en México”.
Al respecto, René Zenteno Quintero, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dijo que para concretar y “darle contenido” a la nueva Ley el gobierno federal terminará su reglamento en agosto u octubre de este año.
Subrayó que desde que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 26 de mayo, el 61 por ciento de su articulado ya es vigente, pero “por lo menos hay 33 artículos que dependen de la existencia de un reglamento”.
“Esto --asentó-- le va a dar contenido en materias como permisos para los visitantes que entren al país”, por lo que, a pesar de que se estableció un periodo de 180 días, hay un compromiso serio del gobierno para que la reglamentación “la pudiéramos terminar en tres meses, a fin de dejarla funcionando en todos sus aspectos”.
El funcionario recordó que el Ejecutivo es el Poder facultado para reglamentar las leyes secundarias; sin embargo, “haremos consultas con los otros dos poderes y la sociedad civil para avanzar”, pues México tiene la oportunidad de marcar una nueva era en materia migratoria.
Zenteno Quintero resaltó que el fenómeno migratorio cambió en los últimos 20 años, pues no sólo la migración de mexicanos hacia Estados Unidos “explotó”, sino que nos convertimos en un país de retorno, de extranjeros que establecen su residencia en México y de tránsito de migrantes, por lo que el marco legal fue “totalmente rebasado”.
La Ley de Migración, aseguró, orienta y fomenta el movimiento internacional de personas de forma documentada, pero aún hay temas pendientes como la migración interna y el desarrollo, que son materia de la Ley General de Población, así como el éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos.
Al respecto, Gregg Schiffer, consejero político de la embajada de Estados Unidos en México, reconoció que el sistema para atender el fenómeno en Estados Unidos “está roto”, pero en su país la reforma migratoria “es un asunto interno” y está “sujeta al proceso político” de aquella nación.
Dijo que el presidente Obama se ha comprometido plenamente con este asunto y “estamos tejiendo apoyos que son fundamentales para que una iniciativa de esta naturaleza prospere”.
Refirió que el proyecto de reforma migratoria de la actual administración contempla cuatro ejes: seguridad fronteriza y aplicación de la ley, responsabilidad de las empresas y castigo para aquellas que violen la ley, un proceso para la regularización de indocumentados y modernización del sistema para la migración legal.
“No les puedo decir con certeza cuándo y en qué forma saldrá la reforma migratoria, pero sí que hemos aprendido de nuestras experiencias y estamos comprometidos a un proceso exitoso”, dijo.
En el seminario, Katya Somohano Silva, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se dijo confiada de que cuando la Ley de Migración entre en vigor en su totalidad va a robustecer aún más el sistema de protección internacional.
Argumentó que la nueva legislación establece un sistema de comunicación con la Ley de Refugiados, con la cual “hay una congruencia que permitirá que no haya lagunas que pudieran resultar difíciles en la aplicación de ambas”.
Indicó que México recibe al año entre mil 200 y mil 300 solicitudes de personas que piden refugio, de las cuales se reconocen cerca del 20 por ciento de éstas.
Por ello, resaltó la importancia de que también se haya “puesto al día” una ley como la de Refugiados, ya que incorpora disposiciones que hacen obligatorio para el Estado mexicano brindar asistencia institucional tanto a solicitantes como a los extranjeros que ya se encuentran bajo esta figura.
En el seminario, promovido conjuntamente con la Universidad Estatal de Nueva York, durante dos días se analizaron los alcances de la nueva Ley de Migración, su repercusión a nivel internacional, las políticas de control fronterizo y su relación con las reformas migratorias de Estados Unidos.