Arturo Córdova Romero, representante del Frente de Laicos Cristianos Evangélicos de México, se pronunció por hacer una revisión más profunda a la pretendida Ley de Seguridad Nacional, al considerar que no se deben otorgar facultades policiacas a las fuerzas armadas.
“El ejército no está capacitado para realizar trabajos de investigación, ni de formulación de expedientes”, expuso al participar en la consulta que hace la Cámara de Diputados entre los sectores de la sociedad sobre el tema.
Añadió que ante ello, lo que se debe hacer es facultar a las policías tanto federales, estatales y municipales a un alto nivel y crear un proyecto nacional.
“De ser aprobada esa iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, provocaría mayores males que beneficios, ocasionando mayor impunidad e inmunidad en los representantes de los tres poderes de la nación”, aseguró.
En su oportunidad, Silvano Cantú Ramírez, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que en la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional no deben quedar impunes las violaciones a los derechos humanos.
Señaló que en la minuta (documento) no hay un aporte con relación a normas de seguridad nacional, incluso, resulta inoperante, por lo que se requiere establecer mecanismos efectivos que brinden una verdadera solución a la problemática actual del país.
“Se debe legislar en materia de controles civiles, democráticos e institucionales para frenar la ola de violencia y establecer mecanismos efectivos para que la política de seguridad incluya la rendición de cuentas y transparencia, así como la reparación integral del daño para las víctimas de violación a los derechos humanos”, enfatizó.
Cantú Ramírez consideró necesario reformar de igual forma el Código de Justicia Militar, además de crear un nuevo concepto de seguridad interna que sirva a las personas y no al Estado.
Concluyó que se debe combatir de manera efectiva la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como las violaciones a los derechos humanos, porque son factores de riesgo para la seguridad interna. “Sólo así podremos hablar de manera consecuente de seguridad, paz y justicia”, finalizó.